Oviedo, M. PALICIO /

J. A. ARDURA

Asturias tiene unos niveles de deuda prudentes, por debajo de la media de España, pero los expertos advierten del riesgo de que el endeudamiento se dispare muy rápido, cuando la recuperación de la economía se presume lenta y lejos del ritmos que alcanzó en 2007. El Principado acumulará a finales del próximo año una deuda de 1.524 millones de euros, un 63 por ciento por encima de la reconocida para el presente ejercicio. El PP sostiene que la deuda real sobrepasará los 2.000 millones de euros si se añaden los créditos de las empresas del sector público y los pagos de los «peajes en sombra» por obras ya ejecutadas como la AS-II (Oviedo-Gijón) o por inversiones que arrancarán el próximo año.

Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, aseguró que la deuda de la Administración regional «hasta ahora no es preocupante», aunque señaló que «habrá que esperar a la liquidación de 2010». Y es que la crisis económica ha obligado a todas las administraciones, y la asturiana no es una excepción, a endeudarse muy por encima de las cifras de los últimos años, para compensar la reducción de ingresos fiscales y poder mantener niveles de inversión que generen actividad y empleo.

Monasterio llamó la atención sobre el mensaje que ha transmitido el Gobierno regional de que «tiene margen» para acudir al endeudamiento como recurso ante la crisis. «Tenemos margen, pero también conviene decir que no lo podemos agotar todo ahora, porque aunque las previsiones apuntan una cierta mejoría para finales del próximo año, 2011 y 2012 todavía seguirán siendo unos años difíciles con crecimientos muy por debajo de los registrados en los últimos años».

La estrategia del desvío de la inversión del Principado a sus empresas públicas se interpreta como un intento de esquivar trámites en las contrataciones y de reducir costes de funcionamiento y personal. Miguel de la Fuente, decano del Colegio de Economistas de Asturias, aclara que cuando una empresa sustituye a la Administración como titular de una inversión, el Gobierno de turno consigue que el proceso de contratación se haga «más ágil», toda vez que el procedimiento es «menos encorsetado» cuando es una sociedad, aunque sea de capital público, la que lo ejecuta. Carlos Monasterio apunta que «el lado malo es que permite a las administraciones elevar los límites del endeudamiento, a través de las empresas que están fuera del presupuesto». En su opinión, hace falta una mayor pedagogía sobre el déficit público «porque la deuda de hoy marca los impuestos de mañana».

El problema de abusar de ejecutar inversión a través de empresas públicas reside, a juicio de De la Fuente, en la fiscalización de estas entidades, que deben recibir el mismo escrúpulo en el control, «el mismo tratamiento que si se tratara de la Administración. Están jugando con dinero público, que es de todos los ciudadanos», afirma el decano de los economistas, «y hay que mirarse mucho para saber cómo se adjudica y cómo se gasta». La mayoría de esas empresas tiene una auditoría externa de sus cuentas y «ha habido ya sus más y sus menos cuando las ha inspeccionado la Sindicatura de Cuentas», pero «yo me refiero más», añade De la Fuente, «a una fiscalización de la gestión, al control y la transparencia en cómo contratan y llevan a cabo esas inversiones». Monasterio considera que existen mecanismos de control sobre las empresas relacionadas con el sector público, tanto en el ámbito nacional como en el europeo.