El «desahucio exprés» nace con dudas

JESÚS FARPÓN Oviedo, L. Á. VEGA

El Congreso acaba de aprobar la ley de fomento del alquiler, que facilita el llamado «desahucio exprés». El texto reduce de dos meses a uno el plazo que debe transcurrir entre el momento en que el arrendador exige el pago de las deudas atrasadas y el momento en que se puede presentar la demanda de desahucio, y establece la expulsión o «lanzamiento» de los inquilinos en 15 días en caso de que estos incumplan el plazo acordado para el desalojo voluntario. Por otro lado, tanto el desahucio como la reclamación de rentas puede realizarse mediante un juicio verbal, que permite una sentencia en cinco días y ahorra tiempo y dinero. Además, el casero puede rescindir el contrato de arrendamiento si necesita ocupar la vivienda para uso propio, pero también para el de sus padres, hijos o cónyuge en los casos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial. La nueva ley ha sido recibida, en principio, favorablemente, aunque ha suscitado algunas dudas entre los expertos, que no olvidan el actual atasco judicial provocado por la crisis. Para ellos se trata de una buena ley que puede quedar invalidada por la falta de medios de la justicia.

Lucía González Mud, abogada ovetense especializada en asuntos de desahucio, opina que la ley «parece una novedad bastante acertada, sobre todo, en lo que se refiere a la reducción de los meses de impago que se precisan para presentar la demanda». El problema que se puede plantear, indica, es el de siempre, el de las notificaciones. «Si el inquilino no las recoge en tiempo y forma, los procesos se pueden retrasar durante mucho tiempo», opina.

La rapidez del desahucio también dependerá «del posible atasco que sufra el Juzgado en cuestión», aunque también es de la opinión de que «el volumen de trabajo de los Juzgados asturianos no es tan descomunal». La letrada ha notado en los últimos dos años, los de la crisis, un incremento de los procesos por impago, tanto de profesionales como de rentas de alquiles, que cabría cifrar en un veinte por ciento.

Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de España en Asturias (UCE), indicó que «la ley es, en principio, positiva, porque está dirigida a superar la inseguridad jurídica en que se encuentra el propietario y a que afloren más viviendas al mercado del alquiler». Alonso añadió que «la ley acorta los plazos, lo que ocurre es que con el cuello de botella que hay en los Juzgados puede invalidarse la rapidez que se pretende para los nuevos procesos de desahucio». El presidente de UCE-Asturias estima que ese escollo podría superarse con un juzgado específico. Otro aspecto positivo es la posibilidad de realizar un juicio verbal. «Es más rápido, y no hay que olvidar que los procesos en los que se reclamen menos de 900 euros no precisan de presentación de abogado, por lo que el proceso puede salirle más barato al consumidor», indicó.

Para Alonso, también es positiva la posibilidad de recuperar la vivienda por parte del propietario en caso de necesidad para él mismo o alguno de sus familiares; pero también aprecia alguna pega. «En estos tiempos de crisis, y con este tipo de leyes, corremos el riesgo de hacer caer en la exclusión social a un mayor número de familias», asegura.

Enrique Valdés Joglar, decano del Colegio de Abogados de Oviedo, valoró positivamente la medida. «Teóricamente, puede agilizar el alquiler de viviendas y animar a la gente que tiene viviendas cerradas a sacarlas al mercado», indica. Valdés no considera el atasco judicial como un obstáculo al desarrollo de la ley. «En Asturias, en los Juzgados de primera instancia, que son los que verían estos asuntos, hay de todo. Hay algunos que están bastante al día, y otros que van más atrasados. Pero siempre se puede dar preferencia a estos asuntos de desahucio», asegura. «La nueva ley puede ser insuficiente, pero no contraproducente. Ha habido ya varios intentos para favorecer el alquiler. Unos han resultado más y otros menos, pero el Gobierno lo sigue intentado. Hay muchas viviendas vacías y mucha gente que busca casa, alguna solución hay que dar a este problema», añade el decano.

Los últimos datos de vivienda vacía en Asturias datan en principios de la década, concretamente, del censo de 2001, en el que se contabilizaban unos 73.000 pisos sin ocupar. Algunas instancias elevan ese número a unas 100.000, una quinta parte en el municipio de Gijón, pero tampoco son datos fiables. En cualquier caso, el número de viviendas vacías tiene que haberse incrementado en los últimos ocho años, puesto que el parque de viviendas se ha incrementado y la población ha permanecido estable. Según los últimos datos de la patronal de la construcción, hay en la actualidad 4.000 viviendas terminadas y a la espera de comprador.