Riopedre defiende la carrera profesional

El consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, ha defendido hoy en el Parlamento regional el proyecto de ley para el desarrollo de la carretera profesional en el ámbito de la enseñanza en medio de las críticas de los sindicatos CCOO, SUATEA y CSIF, mientras que el PP ha afirmado que se trata de una "chapuza sin precedentes".

Riopedre ha explicado que en la actualidad están cobrando la carrera profesional 7.543 docentes y que el año que viene lo harán, a partir de octubre, un total de 8.974 profesores, lo que representarán un gasto anual de 4,6 millones, y ha destacado que el 85 por ciento de la plantilla se ha adherido voluntariamente.

Estos datos los ha facilitado hoy el consejero de Educación durante su comparecencia en la Junta General para informar del proyecto de ley que permitirá dar cobertura jurídica a estos pagos, anulados por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 11 de noviembre los proyectos de ley de la Función Pública Docente y de la Ley de Modificación de la Ley 385 de la Función Pública que permitirán normalizar la regulación de la carrera profesional tras los problemas jurídicos surgidos.

Ambas iniciativas eran un "compromiso" del Gobierno para dar solución y cumplimiento a lo establecido en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sobre la carrera profesional y el incentivo o pago a cuenta que se había venido desarrollando mediante resolución del Gobierno desde enero de 2007.

La novedad es que se abre un nuevo plazo de inscripción y adhesión a la carrera para aquellas personas que por la razón que fuera no se hubiesen inscrito o adherido en enero de 2007 o aquellos que en el transcurso de este tiempo hayan cumplido los requisitos, es decir, que hayan alcanzado los 5 años exigidos para poder tener derecho a la prestación de este incentivo.

En el caso de los docentes, el Principado no puede desarrollar la carrera profesional en el ámbito docente porque se trata de un cuerpo estatal y, por tanto, es preciso que el Ministerio de Educación, a nivel del Estado, apruebe el Estatuto Básico del Personal Docente.

En este caso, para evitar discriminaciones con este colectivo se ha puesto en marcha un proyecto de Ley que regula la evaluación de la Función Docente y un incentivo económico ligado al desarrollo de esa actividad docente.

Tan sólo los sindicatos UGT y ANPE ha suscrito el acuerdo, que consideran un mal menor, mientras que CCOO, SUATEA y CSIF han rechazado su contenido y denuncian que significa suscribir un cheque en blanco ya que la administración no sabe en que consistirá la evaluación.

El portavoz del PP, Ramón García Cañal, ha anunciado que su grupo no presentará enmienda a la totalidad por responsabilidad con los trabajadores implicados y ha ofrecido a canalizar aquellas enmiendas parciales en las que los sindicatos estén más interesados.

Cañal ha recalcado que todo el proceso de llevó mal desde el principio y ha propiciado una situación en la que se ha incurrido en discriminación salarial y se ha llevado tensión a los centros educativos. EFE