Oviedo, J. A. A.
Dos abogados, expertos en Derecho Administrativo, avisaron ayer en la Junta del «grave riesgo» que, en su opinión, entrañan las leyes que pretende aprobar el Gobierno regional para superar el vacío legal que siguió a la anulación de la carrera profesional por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
El abogado Carlos Álvarez-Buylla, que representó a un grupo de 136 docentes en un pleito que el Principado tiene recurrido tras perderlo y que fue citado a la comparecencia parlamentaria por el PP, acusó al Gobierno regional de actuar a la desesperada «para ganar tiempo». En su opinión, el Gobierno regional al presentar esta nueva ley «echa por tierra la separación de poderes» porque pretende utilizar al poder legislativo para impedir la ejecución de una resolución judicial. El letrado achacó al Gobierno asturiano la «conflictividad desorbitada» existente en el sector de la docencia pública y anunció que está dispuesto a presentar un recurso contra la futura ley de evaluación de la función docente pero sí contra el pago de la primera nómina, que consagra la desigualdad salarial del profesorado.
La letrada María Teresa Gallart, que ha representado al sindicato SUATEA en varios procesos, advirtió expresamente «del grave riesgo» que supone esta normativa «porque vulnera el principio de igualdad» y hace efectiva una discriminación salarial que se remonta a tres años atrás, cuando se comenzó a pagar la carrera profesional en función de unos requisitos que fueron considerados por los jueces «insuficientes» por falta de la correspondiente base legal. «A ese pago tienen derecho todos los docentes», sostuvo la abogada, que también fue citada a la comparecencia en la Junta General del Principado a petición de los diputados del Grupo Popular.
