Oviedo, J. A. ARDURA /
E. FERNÁNDEZ-PELLO
El Gobierno regional rechaza el pago retroactivo de la carrera profesional a los funcionarios que no se sumaron hace tres años, una factura que se elevaría a 16 millones de euros. Las comparecencias de los principales sindicatos de la función pública y de la docencia en la Junta General del Principado evidenciaron la falta de sintonía y unidad de acción entre las fuerzas sindicales que representan a más de 15.000 funcionarios y profesores de la región. Ante esa situación, el Gobierno seguirá adelante con las nuevas leyes para regularizar los pagos de los pluses cuestionados en los tribunales y el PP evitará presentar una enmienda de totalidad para no poner en peligro las cantidades ya cobradas por los funcionarios, unos 60 millones, aunque propondrá enmiendas parciales.
La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, consideró fuera de lugar que los funcionarios que no quisieron incorporarse a la carrera profesional en 2007 exijan ahora el pago retroactivo de unas cantidades, que supondrían un desembolso para las arcas regionales de 16 millones de euros, en el actual contexto de ajustes y recortes presupuestarios. La propuesta del Gobierno, pactada en la mesa general, con UGT y CC OO, y en la mesa sectoral sólo con UGT y ANPE, da cobertura legal a los pagos realizados a unos 13.000 funcionarios y, además, abre un nuevo plazo para que puedan sumarse a la carrera profesional quienes inicialmente renunciaron o los que han cumplido la antigüedad de 5 años desde el proceso abierto en 2007 y anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, admitió que «no hay retroactividad sobre todo por una cuestión presupuestaria; eso costaría 128 millones y es de todo punto imposible de asumir», manifestó el titular de la cartera de Educación en respuesta a la pretensión de SUATEA de aplicar una subida lineal de 2.550 euros a todo el profesorado, independientemente de su antigüedad y de si se trata de funcionarios o interinos.
A juicio de Riopedre, el proyecto de ley de evaluación de la carrera profesional docente «cabrea a algunos, sobre todo a algunos sindicatos» pero «la inmensa mayoría del profesorado está deseando que esto se apruebe: el 85 por ciento del profesorado asturiano ha firmado voluntariamente la evaluación del desempeño profesional».
El diputado Ramón García Cañal, portavoz del PP, reprochó al Gobierno regional por «tratar de resolver una cadena de chapuzas sin precedentes de la Administración del Principado». Cañal anunció que su grupo registrará enmiendas que tienen como objetivo asumir los pagos retroactivos de forma aplazada, para que no supongan una carga imposible de asumir para las arcas regionales. Y responsabilizó al Ejecutivo regional de generar «una discriminación salarial» y un «mal ambiente entre el profesorado». Además, Cañal objetó que el proyecto no ha sido informado por el Consejo Escolar del Principado, un requisito incumplido que podría invalidar la ley de presentarse un recurso. El Consejero indicó que esa prescripción sólo atañe a la legislación educativa y, a su juicio, éste no es el caso. «Esto no es materia educativa sino de retribuciones y personal», especificó.
La representante parlamentaria de IU, Diana Camafeita, dijo depositar su confianza en el proyecto del Gobierno asturiano, como una «solución transitoria». «Espero que salga adelante con el mayor consenso posible», manifestó, y llamó la atención sobre la situación «curiosa y sorprendente» en la que queda el PP: por un lado pide contención en el gasto en el presupuesto del Principado para 2010 y por otro un esfuerzo para atender las reclamaciones sindicales.
Los sindicatos, divididos en este proceso, mantuvieron sus discrepancias en la Junta. La nueva ley de función pública contó con el respaldo de UGT y de CC OO. Luis Ángel Ardura (UGT) calificó el documento de «positivo» y destacó que da validez al anticipo a cuenta realizado desde 2007. En parecidos términos se manifestó Manuel Álvarez, de CC OO. La discrepancia llegó del resto de sindicatos. José Luis González, de USIPA, sindicato mayoritario de los funcionarios, señaló que la aprobación de dicha ley consolidará «un agravio comparativo desorbitado» respecto al personal sanitario por la duración de la carrera profesional. «Esto no es una solución, es una chapuza jurídica», valoró Marco Antonio García, de la Corriente Sindical de Izquierdas, sindicato cuyo recurso tumbó la carrera profesional el pasado mes de junio. «Se está discriminando a los funcionarios, en función de su tipo de contrato», reprochó Juan Gavira, de CSI-CSIF. El sindicato médico-sanitario CEMSATSE también se pronunció en contra de la nueva ley de Función Pública.
La división sindical se acentuó en el debate del proyecto de ley de evaluación de la función docente. En este caso, UGT y ANPE se mostraron receptivos a la ley propuesta por el gobierno, mientras que las críticas corrieron a cargo de Beatriz Quirós (SUATEA), Gerardo Domenech (CSIF) y Enrique Fernández ( CC OO), que consideraron que la normativa del Ejecutivo consagra la desigualdad retributiva del profesorado asturiano.
«Es ilógico que los funcionarios que no firmaron la carrera profesional pidan el pago retroactivo»
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Portavoz
«El PSOE ha sido pionero en hacer el ridículo más espantoso con una medida absolutamente electoralista»
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Diputado del PP
«No hay retroactividad sobre todo por una cuestión presupuestaria, sería imposible de asumir»
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Consejero de Educación
«Esperamos cambios en una ley que consagra la desigualdad en el profesorado asturiano»
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SUATEA
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