Oviedo, Luján PALACIOS
El celo que la justicia pone en la protección de las mujeres maltratadas puede llevar a que la propia ley, en muchas ocasiones, acabe resultando injusta para los hombres. Varios abogados y abogadas de familia asturianos consideran que el varón ha pasado en determinados procesos legales como los divorcios o acusaciones de maltrato a ocupar un lugar de inferioridad con respecto a la mujer, cambiándose así unos roles que tradicionalmente venían imperando y por los que la esposa estaba sometida al hombre.
La polémica la ha levantado en las últimas semanas el juez titular del Juzgado de familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano. El magistrado ha criticado duramente la ley orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, a la que culpa de la «estigmatización» de miles de hombres detenidos en aplicación de la ley a la «dictadura» del «feminismo radical». Francisco Serrano se pregunta, en cambio, cuántas mujeres han sido detenidas por denunciar en falso a sus maridos, un caso que, según él, es bastante frecuente. Los colectivos feministas no han tardado en echarse encima del juez sevillano, al que califican como «altavoz de maltratadores». El caso ha tenido su eco entre los abogados asturianos, y en líneas generales, aunque con matizaciones, están de acuerdo con Serrano.
Paradójicamente, las abogadas son las que lo tienen más claro. Sin atreverse a dar su nombre por miedo a «levantar recelos entre los colectivos feministas», dos profesionales, de Oviedo y Gijón, mostraban ayer su acuerdo con la tesis que defiende Serrano.
«Estoy totalmente de acuerdo con el juez. La ley de Violencia de Género ha propiciado que se produzcan abusos a los hombres de manera indiscriminada, y muchos jueces lo reconocen a escondidas», indica una prestigiosa letrada gijonesa.
Sus largos años de experiencia atendiendo casos de conflictos matrimoniales le han dado una perspectiva desde la que «vemos cómo cada vez hay más casos palpables de que muchas mujeres, y muchas veces reconocido por ellas mismas, utilizan las denuncias por violencia como arma arrojadiza». Ello no quiere decir que esta abogada esté en contra de la ley, porque «sí es cierto que ha logrado proteger a mujeres que ciertamente estaban siendo maltratadas. Pero no ha logrado su objetivo de forma absoluta», matiza.
Según ha podido observar en el desempeño de su labor profesional, «los propios jueces tienen miedo si no toman todas las medidas que dispone la ley, aunque ello implique casi saltarse la presunción de inocencia». A ello se suma, añade la abogada gijonesa, que «los hombres en España, por lo general, siguen teniendo mucho reparo a denunciar o a pedir una pensión compensatoria». Con todo ello, «cuando llevas a un señor en uno de estos procesos, lamentablemente siempre llevas las de perder», asegura. La letrada sostiene además que la propuesta para crear un registro de maltratadores «servirá para estigmatizar a muchos hombres víctimas de denuncias falsas, y romper así la igualdad en derecho matrimonial».
Otra conocida colega comparte la percepción de que «muchos jueces tienden a fastidiar a los hombres, y hay letrados y mujeres que juegan con la lástima». Esta letrada ha visto casos de hombres que «sobreviven con 200 euros al mes tras ser denunciados, echados de casa y obligados a pasar una pensión, y eso no se dice públicamente». La abogada considera que «si somos justos, claro que debemos estar en contra de la violencia de género, pero no puede ser que se haga la vida imposible a los hombres». Y su experiencia laboral le dice que «muchas veces se sobreprotege a la mujer, y muchos padres ni siquiera pueden ver a sus hijos».
Antonio Díaz Solís, presidente de la Asociación Española de Derecho Matrimonial y director del despacho ADS Abogados de Familia, considera que hay medidas que han supuesto un claro avance, como el establecimiento de órdenes de protección para la mujer. Para este letrado especialista en familia, la excesiva influencia mediática ha llevado a que los juzgados apliquen a rajatabla estas medidas, y los hombres denunciados puedan pasar directamente a la cárcel. Pero, en todo caso, Solís sostiene que el Juzgado de la mujer de Oviedo «está funcionando muy bien y es muy objetivo, no me constan favoritismos hacia la mujer».
Gonzalo López, vicepresidente de la misma asociación, coincide en la apreciación de que «se están tomando muchas medidas por cautela, ante el temor de que las denuncias de las mujeres puedan ser ciertas, y que realmente perjudican mucho al hombre». Según López, sí es cierto que luego, en la celebración del juicio, «el juez toma en muy seria consideración las pruebas, y en muchos casos se absuelve al hombre». Pero todo el proceso previo «crea una estigmatización hacia el hombre, y eso es injusto».
Además, Gonzalo López advierte de que este tipo de situaciones acaban derivando en coyunturas peligrosas. «A muchos hombres les cuesta entender que su mujer les denuncie y vayan presos por ello, nuestro papel es en muchas ocasiones el de templar los ánimos».
Por el momento, la ley es la que es y los abogados tendrán que seguir lidiando con una protección hacia las mujeres que algunos entienden «excesiva».
