La carrera profesional logra un nuevo avance en su desarrollo

El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado hoy con los votos del PSOE e IU los proyectos de ley de Evaluación de la Función Pública Docente y de Modificación de la Ley de Ordenación de la Función Pública que permitirán normalizar la regulación de la carrera profesional tras los problemas jurídicos surgidos en su desarrollo.

Ambas iniciativas eran un "compromiso" del Gobierno para dar solución y cumplimiento a lo establecido en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre la carrera profesional y el incentivo o pago a cuenta que se había venido desarrollando mediante resolución del Gobierno desde enero de 2007.

Con respecto al proyecto de ley que modifica la Ley de Función Publica, da cobertura al desarrollo de la carrera profesional en la administración general del Principado.

La ley desarrolla en el texto un modelo de carrera y se da cobertura jurídica a los pagos recibidos a cuenta desde el 1 de enero de 2007, además de asegurar que las personas, funcionarios, empleados públicos que habían venido recibiendo esta cuantía en concepto de carrera y desarrollo profesional en el primer tramo lo seguirán percibiendo a partir de la aprobación de la ley.

Con esta ley, se abre un nuevo plazo de inscripción y adhesión a la carrera para aquellas personas que por la razón que fuera no se hubiesen inscrito o adherido en enero de 2007 o aquellos que en el transcurso de este tiempo hayan cumplido los requisitos, es decir, que hayan alcanzado los 5 años exigidos para poder tener derecho a la prestación de este incentivo.

En el caso de los docentes, el Principado no puede desarrollar la carrera profesional en ese ámbito porque se trata de un cuerpo estatal y, por tanto, es preciso que el Ministerio de Educación, a nivel del Estado, apruebe el Estatuto Básico del Personal Docente.

Para evitar su discriminación, el Gobierno ha elaborado un segundo proyecto de ley, aprobado también hoy en la Junta, que regula la evaluación de la Función Docente y un incentivo económico ligado al desarrollo de esa actividad docente, normativa que ha levantado la oposición de tres organizaciones sindicales del sector.

Según la portavoz del Gobierno y consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, con estas dos leyes se ratifica el cumplimiento de dar cobertura al desarrollo de la carrera profesional de acuerdo a lo pactado con los sindicatos, a los órganos de fiscalización y al Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Desde Grupo Popular, que había presentado a ambas leyes 16 enmiendas parciales, rechazadas por PSOE e IU, el diputado Ramón García Cañal ha asegurado que en este asunto el Gobierno "lo ha hecho todo mal" y responde a una "auténtica chapuza" por lo que ahora "se corre el riesgo de que los que han cobrado -más de 14.000 empleados- tengan que devolver el dinero recibido"

Tras recordar que todos los pagos a cuenta que se han hecho por este concepto al personal estatutario no tienen cobertura legal alguna, el parlamentario popular ha advertido de que el Gobierno pretende ahora con estos proyectos de ley "tapar sus vergüenzas" y a la vez vengarse de quienes les denunciaron en los tribunales, pero "sin reconducir los errores cometidos".

"Ante la hecatombe de las sentencias contrarias al Principado, que supondrían la devolución de decenas de millones de euros por parte de empleados públicos, el Gobierno sólo quiere dar cobertura legal al pago a cuenta y no pretende reconducir los errores cometidos", ha subrayado.

De hecho, García Cañal ha asegurado que ambos textos deberían haber sido objeto de una enmienda de totalidad por parte del PP, pero que finalmente no las han presentado "porque los empleados que lo han cobrado no tienen la culpa de la incompetencia" del presidente del Principado (Vicente Alvarez Areces), Migoya y su equipo asesor" .

En cualquier caso, ha asegurado que las enmiendas parciales rechazadas por PSOE e IU corregían los "agravios" que, en su opinión, se perpetúan con estos textos normativos con los que considera que no se va a poner fin a los litigios.

En representación de IU, Diana Camafeita ha reconocido que estos proyectos de ley tienen un carácter paliativo y tratan de corregir una situación problemática en el desarrollo de la carrera profesional, "donde hay cosas que no se han hecho bien".

No obstante, ha advertido de que las enmiendas planteadas por los populares eran contradictorias con su discurso, que plantea por una parte que se reduzca el gasto, y por otra, un aumento que desborda la capacidad de maniobra de la administración regional.

La diputada socialista Servanda García ha afirmado también que algunas de las enmiendas presentadas por el PP "provocan inseguridad jurídica" y que algunas, incluso, permitirían que el Gobierno pagase dos veces por el mismo concepto.

También ha cifrado en 16 millones de euros el coste que tendría para el Principado la retroactividad que defendía el PP en una de sus enmiendas en el pago de estos complementos. EFE