Los controladores temen que el aeropuerto de Asturias quede sin servicio de control

IGNACIO PULIDO Avilés / Las Palmas,

Rubén REJA / V. M.

Los controladores aéreos temen que el aeropuerto de Asturias quede sin servicio de control en el caso de que entre en vigor un real decreto que prepara el Ministerio de Fomento. La normativa, que previsiblemente pasará dentro de unos días al Consejo de Ministros, establece que en los aeródromos menores se sustituyan las torres de control por un servicio AFIS (acrónimo inglés de Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo), en el cual únicamente se ofrece información de navegación a los aviones, en vez de dirigir sus rutas. Según controladores asturianos consultados, esta nueva norma «irá en detrimento de la seguridad». Contra el temor de los controladores, AENA ha asegurado que el aeropuerto de Asturias mantendrá su servicio de control.

El ministro de Fomento, José Blanco, criticó con dureza a los controladores aéreos que se han ausentado de sus puestos de trabajo en los últimos días. «Se trata de una huelga encubierta nunca reconocida; quieren distorsionar el funcionamiento ordinario de nuestro sistema de control aéreo», señaló Blanco. Según el titular de Fomento, los controladores son «un sector privilegiado», dado que el que menos cobró el año pasado tuvo un sueldo de 370.000 euros, «más del doble que el que más cobra en el seno de la Unión Europea».

Blanco ha afirmado que la intención del Gobierno es alcanzar un nuevo convenio que desbloquee la actual situación. «Tengo la intención de seguir dialogando para buscar soluciones que resuelvan el problema que nos ocupa, porque hay fórmulas para actuar». Bajo su punto de vista, ahora toca «revisar esta situación para poder estar homologados en salarios y en eficiencia a la media de la UE».

De fondo está, según denuncian los controladores, la intención del Ministerio de Fomento de ahorrar a toda costa. Para ello planea reemplazar a los controladores de los aeropuertos con menor volumen de tráfico (menos de 50.000 operaciones al año) por personal menos cualificado. La nueva figura serán los primeros controladores españoles (al margen de los militares) no integrados en AENA. El objetivo es trasladar a estos operarios a centros con mayor tráfico e incrementar su actual rendimiento. En su lugar, Fomento destinará a esas instalaciones con baja intensidad aérea a «controladores básicos», que cubrirán el AFIS. Esta medida, que se apoya en el real decreto 1516/2009 del pasado octubre, que abre las puertas a la liberalización del sector, supondría que los aeropuertos privados de poco tráfico tendrían una alternativa más barata que el control aéreo de la empresa pública.

La medida afectará a más de una veintena de recintos aeroportuarios de toda España. El gremio de controladores considera que se someterán a esta normativa los aeropuertos con menos de 20 movimientos de aviones a la hora, lo que incluiría el aeródromo asturiano. «En Europa existe el AFIS, pero en aeropuertos que tienen entre 5 y 10 vuelos al día, en los que no hay posibilidad de que dos aviones coincidan en la misma ruta», afirmaron controladores consultados por este periódico.

Por su parte, fuentes del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) asocian directamente la huelga encubierta de los controladores con las medidas liberalizadoras que ultima Fomento. «No es posible que los controladores sean los profesionales mejor pagados de España y se crean los dueños del cielo», reconocen desde el SEPLA, que defiende el decreto que regula en España el acceso a la licencia de los controladores aéreos, un texto que rebaja la titulación exigida a los profesionales de este sector, que ahora sólo tendrán que tener 18 años y título de Bachillerato, cuando hasta la fecha se les exige 21 años y alguna titulación superior.

La normativa permitirá, además, que profesionales de otros países de la Unión Europea ejerzan sus funciones en centros de control españoles, a la vez que homologa a los profesionales nacionales para que presten servicios en las instalaciones del resto de países de la UE. Esta nueva regulación es transposición de una directiva comunitaria aprobada en 2006.