Hidrográfica califica de «grave» el vertido y propone una sanción hasta de 300.000 euros

Oviedo, Raquel L. MURIAS

La constructora de la pista forestal de la sierra de Carondio, en Allande, que provocó un vertido de toneladas de escombros a un cauce del espacio protegido se enfrentará a una sanción entre 30.000 y 300.000 euros, según la propuesta de resolución del expediente dictada por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, cuyos técnicos han calificado la infracción de grave. La obra depende de la Dirección General de Política Forestal del Principado, que dirige Joaquín Arce, líder de Los Verdes en Asturias. Las fuentes consultadas ayer señalan que Arce conocía los hechos desde hace varios meses sin que hasta ahora se hubieran tomado medidas para subsanarlos.

Según las primeras investigaciones llevadas a cabo en la zona para desvelar la procedencia de los vertidos, todo apunta a que los materiales proceden de la obra que se ejecutó en un vial cercano a este río y que fue adjudicada por el Principado de Asturias, a través de la Dirección General de Política Forestal. Los peritos calculan que los daños ocasionados en el río ascienden a 11.000 euros y, además de la sanción, que podría multiplicar casi por treinta el importe de los daños, también se obligará a subsanar los perjuicios ocasionados al entorno. Los ecologistas responsabilizan al Gobierno asturiano de estos vertidos y aseguran que desde el Ejecutivo regional no se vigilan las obras que se ejecutan en los espacios protegidos. El vertido detectado en la zona protegida de Carondio, que se ubica entre los concejos de Villayón, Allande y Grandas de Salime, afecta a una buena parte del río. Se trata de escombros que se acumulan en el afluente y que, según las investigaciones, derivaron de un desprendimiento de tierra que se produjo en la obra.

Desde el Principado de Asturias aseguran que no se ha recibido notificación alguna de la investigación abierta por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, pero que la intención es corregir los daños que se detecten lo más rápidamente posible. Ahora queda esperar para saber a cuánto ascenderá la sanción del Ministerio, que podría alcanzar los 300.000 euros.