Cuentos «verdes»... y al grano

El ex presidente del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil responde con este artículo al director general de Política Forestal del Principado y líder de Los Verdes en Asturias, Joaquín Arce, con quien mantiene una polémica en torno a un vertido de toneladas de escombros al río Carondio, en pleno espacio natural protegido de las Sierras de Carondio y del Valledor, en los concejos de Allande, Illano y Villayón. Vigil acusa a Arce de no actuar con diligencia.

JUAN LUIS RODRÍGUEZ-VIGIL
EX PRESIDENTE DEL PRINCIPADO En relación con los vertidos de tierras, piedras y árboles que han convertido en subterránea una parte (aproximadamente medio kilómetro) del río Carondio, destrozando por completo las laderas y el paisaje del monte Buslavin, en Beveraso (Allande), zona incluida en el paraje protegido de las Sierras de Carondio y del Valledor, y que forma parte, además, del Lugar de Interés Comunitario Alcornocales del Navia, integrado en la Red Natura 2000, tiene poco sentido debatir sobre autoafirmaciones más o menos pomposas de ecologismo, y menos aún sobre los hipotéticos sufrimientos que derivan de tal autoatribución, que podrán convertirse en reales y trágicos, o en cómicos y bufos, según sea el gusto literario de cada cual y el charco que se pise. No obstante, conviene advertir de que el ecologismo como virtud no se prueba por andar en bicicleta, algo que sólo exige la compra del chisme, el cual generalmente no es muy caro.

En definitiva, obras son amores?, y por lo que respecta a este asunto hay que dejarse de cuentos e ir al grano.

En primer lugar, reconocer que aquí no hay vertido accidental alguno y tampoco desprendimientos espontáneos. Este desastre no es obra casual de fuerzas ciegas de la naturaleza ni producto de azar imprevisible, sino consecuencia obligada de una actitud de «tira p'alante, que libras», insólita en la ejecución de una obra pública, sometida a vigilancia de la Dirección de Montes y realizada bajo dirección facultativa oficial.

En segundo lugar, reconocer también que para evitar que las administraciones que contratan la ejecución de obras públicas en zonas ambientalmente protegidas (como es el caso) sean tan «peligrosas para la naturaleza», como el señor director de Montes verde señala, todos los pliegos de contratación de esas obras públicas exigen el apeo, tronzado y apilado de los árboles que se derriben, o que atraviesen dichas obras, resultando también obligada la siembra manual de los terraplenes, así como que, en caso de existir fuertes pendientes, como aquí ocurre, el material excavado se lleve obligatoriamente a un vertedero autorizado con cargo al contratista. Todos esos conceptos siempre tienen reconocida partida específica en el presupuesto de las obras, a veces en cuantía muy importante, precisamente porque se trata de evitar o de minimizar al máximo daños ambientales a paisajes que son reconocidamente frágiles. Por esa misma razón tales obras exigen que previamente a ellas se realice evaluación preliminar de impacto ambiental (EPIA), que en este caso se hizo, y en la que se impusieron condiciones rigurosas tendentes a conservar los paisajes y la continuidad del curso de las aguas, con advertencia de que cualquier daño producido al medio conllevaría la responsabilidad de costear su reparación. Además, en los pliegos de contratación pública de este tipo de obras está normalizada la cláusula-advertencia de que cuando el contratista realice acciones u omisiones que comprometan o perturben la buena ejecución del contrato, el órgano de contratación (en este caso, el director de Montes) deberá tomar las medidas adecuadas para restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

En tercer lugar, reconocer que a pesar de que no se han llevado al vertedero las ingentes cantidades de escombros generados por las excavaciones y movimientos de tierra de dicha obra, de que no se han sembrado, ni recogido los terraplenes y que los árboles simplemente se han tirado, hasta llegar al cauce, y que éste ha desaparecido a largo de un largo trayecto, las obras han sido dadas de paso, consideradas correctas y conformes con el proyecto, certificadas por funcionarios públicos, ¿estaban ciegos o fueron «cegados»?, y pagadas por la Tesorería regional con el conforme de la Dirección General que rige el señor representante de Los Verdes que, con ello, ha avalado la declaración de que las obras se han realizado correctamente, con total respeto al proyecto, y seguramente sin que se haya descontado al contratista cantidad alguna del total contratado como consecuencia de la no realización de las costosas operaciones encaminadas a minimizar daños ambientales en zonas protegidas.

En cuarto lugar, reconocer que todo eso era conocido desde el verano de 2009 por parte del señor representante de Los Verdes que dirige la Dirección de Montes, y que nada hizo política y administrativamente para averiguar lo sucedido, y menos aún para reparar el daño, aunque dicho funcionario venía legalmente obligado a ello, sin esperar, como ahora dice que hace, a que actuase la Confederación Hidrográfica. Efectivamente, por elemental responsabilidad en el ejercicio del servicio público que dirige tenía que aplicar la normativa medioambiental general, en concreto la ley 26/2006 de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental, la ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y Medioambiental y la directiva 92/43 CC de 21 de mayo de 1992, que han sido claramente vulneradas y que le obligaban a actuar directamente, sin esperar a que actuase ningún otro ente administrativo, además de que el pliego de contratación y la EPIA facultaban para adoptar las medidas adecuadas para que el contratista reparase el daño.

La Confederación tiene competencia sobre el cauce del río, (hoy aterrado e inexistente) y sobre las riberas, pero los daños provocados por este atentado ecológico son más amplios y afectan a competencias propias del verde director de Montes: las de orden medioambiental general, que quien se autoproclama verde de corazón debería cuidar especialmente, y a quien, por lo que se ve, se la sudan, algo que es grave, al menos ecológicamente, pues en este asunto hay indicios de que, además de las administrativas, es posible que existan responsabilidades penales, que seguramente un verde verdadero habría instado, dado que los hechos del caso encajan bastante bien dentro del artículo 330 y siguientes del Código Penal, por lo que debería ponerse el asunto en conocimiento del ministerio fiscal.

Por otro lado, ya se verá lo que decide la Confederación. El expediente sancionador aún no ha finalizado y lógicamente habrá que incorporar al mismo todos los datos del asunto, algunos muy evidentes. ¿Cuál será la reacción política verde si se llegase a dictaminar que el vertido no ha sido casual ni involuntario? Habrá o no vergüenza torera.

Para terminar, expresar que en este asunto no sirve de nada buscar cinco pies al gato que tiene cuatro. Personalmente considero una insensatez esta historia y una vergüenza inexplicable, pero, en todo caso, es algo que objetivamente hace un daño claramente gratuito e innecesario a la política prudente, dialogante y creo que eficaz, dentro de las limitaciones presupuestarias, que hasta ahora viene desarrollando el actual consejero de Medio Rural y Pesca, el cual, en un marco comunitario que se presenta muy difícil y oscuro para el mundo rural asturiano, ha dado muestras de sensibilidad y de capacidad negociadora frente a problemas muy serios de los ganaderos y de los pescadores asturianos. Es lamentable que como consecuencia del reparto político del poder en su Consejería con los socios electorales existan dificultades evidentes para hacer en el terreno forestal lo que hace en otros ámbitos.