Oviedo, J. E. M.
El ex presidente socialista del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil pedirá al fiscal de Medio Ambiente, Joaquín de la Riva, que intervenga en el caso de los vertidos del río Carondio por considerar que los hechos son constitutivos de delito. Vigil denunció ante la Confederación Hidrográfica el vertido de decenas de toneladas de escombros al cauce del río, en pleno espacio protegido de la sierra de Carondio y Valledor, entre los concejos de Allande, Illano y Villayón.
El ex presidente del Principado considera ahora que lo sucedido con los vertidos, que podrían proceder de los trabajos realizados para abrir una pista forestal, es constitutivo de delito. El proyecto de la pista forestal fue aprobado por el Principado y la obra dada por recibida por la Dirección General de Política Forestal, que encabeza Joaquín Arce, líder de Los Verdes en el Principado, sin que se advirtiese irregularidad alguna. Vigil ha puesto en el punto de mira precisamente a Joaquín Arce al considerar que su actuación dista mucho de corresponderse con la de un político que defiende los valores ecologistas. Arce había señalado días atrás que esperará a que la Confederación Hidrográfica determine el daño sufrido por el cauce y que posteriormente se restaurará toda la zona. Vigil opina que el responsable de Política Forestal debió actuar desde el mismo momento en que tuvo conocimiento de los hechos, hace ya varios meses.
«Es muy guapo andar por ahí presumiendo de Red Natura, reclamar espacios protegidos y todos eso; pero hay que ser serios y responsables, no sólo de boquilla», señaló ayer Rodríguez-Vigil en alusión a Joaquín Arce.
La investigación fiscal puede suscitarse por dos vías: la primera, que el mismo Rodríguez-Vigil acuda a la fiscalía, algo que no descarta, y la segunda, que la Hidrográfica informe de oficio a la fiscalía de Medio Ambiente si estima que lo ocurrido puede ser un delito.
Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
Unos escombros en un recóndito paraje del occidente de Asturias, pero incluido en el paisaje protegido de las sierras de Carondio y de Valledor. Ahí está el origen de la polémica generada entre el director general de Política Forestal, Joaquín Arce (Los Verdes), y el ex presidente socialista del Principado Juan Luis Rodríguez-Vigil. El enfrentamiento sube de tono con el paso de los días y pone la proa hacia los tribunales. No dejaría de ser cuando menos curioso que el principal actor político de Los Verdes en la región se sentara en el banquillo para responder por un asunto medioambiental. De momento, Rodríguez-Vigil considera que en el caso hay materia penal y alienta la intervención de la fiscalía contra el responsable autonómico.
La polémica, en terrenos de Pola de Allande en los que ya se había dañado un camino histórico para el acceso a un parque eólico, estalló a principios de mes. Tras una información de LA NUEVA ESPAÑA, trascendió que, a partir de una denuncia de Rodríguez-Vigil, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) mantenía abierta una investigación por un vertido de escombros al río Carondio que, según las primeras impresiones, y así lo defiende el ex presidente del Principado, se produjo durante la construcción de una pista forestal encargada por la Dirección General de Política Forestal. Es más, la Administración regional firmó la recepción de las polémicas obras sin dar cuenta ni exigir la limpieza de los terrenos afectados por el supuesto vertido, según denuncia el propio Rodríguez-Vigil con insistencia.
En una primera respuesta a las acusaciones del ex presidente regional, Arce reconoció que tenía conocimiento de los hechos desde agosto, pero desligándolos de la ejecución de las obras de una pista que, según indicó, tiene como principal objeto dar acceso a Grandas de Salime a una familia que tiene niños en edad escolar. El responsable de Los Verdes añadió que la denuncia a la Confederación, que propone una multa de entre 30.000 y 300.000 euros, fue presentada por «personas vinculadas a una de las constructoras competidoras de la que resultó adjudicataria».
De todas formas, Joaquín Arce sostiene como opción más probable que, en realidad, no se haya producido vertido alguno, sino desprendimientos que nada tienen que ver con las obras y justificados por la inestabilidad del terreno. En todo caso, también ha apuntado: «El hecho de que una obra haya podido causar en algún momento impacto ambiental no quiere decir que haya habido irregularidades o que se deban hacer nuevas actuaciones, que también tienen su impacto, para tratar de arreglarlo». Además, y en esta línea, dirigentes de Los Verdes han manifestado que la actuación fue adjudicada y ejecutada antes de su llegada al Gobierno regional, de la mano de IU y del Bloque por Asturies (BA).
Después de que la Coordinadora Ecologista achacara lo sucedido a la «dejadez del Principado», que no habría velado de manera adecuada por la ejecución y los resultados de actuaciones desarrolladas en un lugar de alto interés medioambiental, Rodríguez-Vigil llegó a la conclusión de que la fiscalía debería de intervenir en el asunto para depurar posibles responsabilidades. Frente a la teoría del desprendimiento, el ex presidente socialista apunta: «El desastre no es obra de fuerzas ciegas de la Naturaleza», sino consecuencia de una «actitud insólita de "tira p'alante, que libras" en la ejecución de una obra pública».
Rodríguez-Vigil asegura que no se cumplieron las correcciones medioambientales necesarias en una actuación de estas características, que sale bastante más cara si se incluye la retirada de escombros, y carga directamente contra el director general de Política Forestal, porque, «pese a conocer el caso de Carondio desde el pasado agosto, no hizo nada para solventar la situación». En resumen, que para el ex presidente del Principado hay indicios suficientes como para hablar de responsabilidades penales, más allá de las administrativas.
