Una de cada cuatro sociedades de caza de la región, en quiebra por el pago de los daños

Cangas de Onís / Oviedo,

J. M. CARBAJAL / R. MURIAS

Una de cada cuatro sociedades de cazadores de Asturias está en quiebra al no poder afrontar los pagos que les impone la Consejería de Medio Ambiente por los daños causados por las especies cinegéticas en las fincas agrícolas. Así lo denuncia el presidente de la Asociación de Empresas Cinegéticas del Principado de Asturias (Asocipas), José Manuel Rancaño Flórez. Rancaño asegura que, además de las catorce sociedades «en quiebra técnica», hay otras doce entidades en riesgo de desaparecer, también ahogadas por las deudas.

Según Rancaño Flórez, el pago de los daños a los ganaderos afectados por los ataques de los animales cinegéticos «es abusivo», y asegura que desde Asocipas llevan siete años solicitando a la viceconsejera de Medio Ambiente una reunión para que «se ajusten los precios a la realidad». Los cazadores afirman que, por ejemplo, por los daños en un terreno de una hectárea sembrada de fabes y maíz, tienen que desembolsar 24.480 euros en concepto de pago al ganadero por los destrozos ocasionados por la presencia de animales como el jabalí. «Es abusivo, todo el mundo sabe que el precio de esa finca no asciende a tanto dinero y hay sociedades que ya no pueden afrontar los pagos», concretan los cazadores. Asocipas desvela que las tres sociedades de cazadores que registran más problemas económicos derivados del pago de daños son la Comunidad de Cazadores de Valdés, Asveca (de Infiesto) y La Parraguesa.

Otra de las demandas de los cazadores asturianos es que se les exima de los pagos por accidente en carretera causados por animales cinegéticos. «Somos el único país europeo en el que los cazadores tienen que hacerse cargo de sufragar los daños a los conductores que sufren un accidente cuando un animal se les cruza en la carretera. Esto nos parece injusto. Si quieren pagarlo, que lo haga el Estado, pero no nosotros», afirma el portavoz de Asveca. Todas estas reclamaciones son las que los cazadores llevan intentando debatir con la viceconsejera de Medio Ambiente desde hace siete años, «pero siempre nos esquiva y nos envía a reunirnos con el director general de Biodiversidad, que no nos soluciona nada», explica Rancaño Flórez.

Los cazadores aseguran que dan trabajo a 121 guardas de caza, «a los que pagamos para que gestionen y mantengan 745.179 hectáreas acotadas en el Principado repartidas entre sesenta cotos». Además, la caza también genera en torno a 450 trabajos temporales e indirectos entre hostelería, turismo y armerías. «A pesar del dinero que generamos y el trabajo, estamos perseguidos injustamente», remata Rancaño Flórez.