Autonomías como Aragón implican a los agricultores en la prevención de ataques

Oviedo, P. G. / R. L. M.

Los cazadores asturianos solicitan que en el Principado se establezca un sistema para prevenir los daños en las fincas similar al que ya se aplica en otras comunidades, como por ejemplo Aragón, donde los agricultores también tienen su responsabilidad y deben de tener valladas sus propiedades para poder percibir el cien por ciento de las subvenciones que se les conceden por ataques de animales salvajes.

Según explica el presidente de la Sociedad de Cazadores de Grado, que cuenta con 450 socios, Luis Antonio Fernández: «Este sistema sería el correcto porque las dos partes están implicadas, el cazador y el campesino, y así habría mucha menos picaresca».

Cuando una especie cinegética entra y causa daños en la finca de un particular el Aragón, el Gobierno que preside Marcelino Iglesias paga el cien por ciento de los daños al campesino, pero le exige que aplique medidas correctoras para impedir que los animales pueden volver a entrar en la finca. «Si el campesino sufre un segundo ataque, sólo se le pagará el total si colocó los cierres; de lo contrario, sólo se le pagará la mitad de la ayuda», explica el presidente de la Sociedad de Cazadores de Grado.

En Asturias al campesino no se le exige que mantenga cerradas sus fincas para impedir el ataque o la entrada de especies cinegéticas, como pueden ser el jabalí o el lobo, dos de los animales que más daños causan en los terrenos dedicados a la cosecha en Asturias. «Pero nosotros les ofrecemos muchas veces a los campesinos cierres para las fincas y no les interesan, prefieren que los animales les entren en las propiedades y así cobrar la indemnización», manifiesta Luis Antonio Fernández. Los cazadores aseguran que los campesinos aplican «mucha picaresca» para cobrar las ayudas, algo que enerva a la gente del campo, que afirma que, «si tuviésemos que vivir de las ayudas que nos dan por los ataques de los animales salvajes, no comeríamos», explica la presidenta regional de COAG, Mercedes Cruzado. Otra de las acusaciones que vierten los cazadores sobre los campesinos es que hay gente que se dedica a sembrar en zonas de montaña, «donde saben que hay ataques frecuentes, para cobrar las ayudas», dice el presidente de Asociación de Empresas Cinegéticas del Principado de Asturias (Asocipas), José Manuel Rancaño Flórez. Esta acusación la niegan rotundamente los agricultores. «A nadie se le ocurre hacer cosa semejante, las ayudas son mínimas, ni siquiera sirven para pagar la semilla de volver a sembrar», aseguran desde ASAJA. En comunidades como Navarra, Cantabria, Castilla y León o Galicia también han actualizado sus leyes de caza para evitar fricciones, algo que sigue pendiente en Asturias.

En Aragón

El primer ataque

El afectado cobra el total de la subvención, pero se le obliga a vallar la finca o a colocar pastores eléctricos para impedir la entrada de más animales salvajes en sus propiedades.

Segundo ataque

El agricultor sólo percibirá el cien por ciento del valor de los daños si ha colocado los cierres en las fincas, si no, sólo percibirá la mitad.

Ataques sucesivos

El Gobierno aragonés descontará cada vez un porcentaje mayor de la subvención en caso de que el agricultor no aplique las medidas correctoras que se le exigen.