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La mitad de las sociedades de caza amenaza con renunciar a sus cotos

Fadovisa exige la reforma de la ley para reducir el número de guardas y aclarar la responsabilidad ante accidentes de tráfico causados por animales

 
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Oviedo, R. L. M. / P. G.

Casi la mitad de las sociedades de caza de la región están dispuestas a renunciar a las adjudicaciones de los cotos que gestionan, cuyas concesiones finalizan en su mayoría a lo largo de 2011, si el Principado no modifica la ley de Caza de 1989 para reducir el número de guardas por coto y clarificar de quién es la responsabilidad de los accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas. Durante una reunión celebrada el pasado viernes en Noreña, la Fundación para el Manejo, Desarrollo y Conservación de la Vida Silvestre y su Hábitat (Fadovisa), que agrupa a 32 sociedades de caza asturianas que controlan 400.000 de las 700.000 hectáreas de suelo destinado a la caza en la región, decidieron adoptar esta medida si el Principado no atiende sus reivindicaciones.

«Los tiempos han cambiado mucho desde 1989. Contamos con una ley desfasada y obsoleta», lamenta Edelmiro Nicieza, presidente de Fadovisa y de la sociedad de caza Siero-Noreña, que advierte de que si lleva a cabo la renuncia peligran «150 puestos de trabajo».

Una de las quejas de los cazadores pasa por que al no haberse modificado la normativa regional no se tiene en cuenta la nueva ley de Seguridad Vial, en la que se dice, según Nicieza, «que sólo habrá responsabilidad del coto en caso de accidente si el problema deriva directamente de una acción directa de caza». Y es que los cazadores aseguran que las indemnizaciones de los accidentes de tráfico provocados por animales «complica cada vez más la contratación de seguros debido a la negativa de las compañías y su elevado precio». Además, desde Fadovisa se pide que se amplíe el número de hectáreas por la que se exige un guarda. En Asturias por cada 8.000 hectáreas se necesita uno, mientras que en otras provincias la superficie por guarda llega a las 25.000 hectáreas. También se pide que el Principado apruebe las nuevas tasas de los daños en los campos de cultivo.

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