FERNANDO LASTRA
PORTAVOZ DEL PSOE EN LA JUNTA GENERAL
Creo que podemos preguntarnos qué hay detrás de la polémica con el padrón municipal. Las respuestas nos dirán que, en realidad, tiene poco que ver con lo que el padrón supone. Es más, también podemos preguntarnos acerca de lo que gana (o pierde) un Ayuntamiento negándose a inscribir en el padrón a los residentes en su municipio, sean extranjeros o no. Ganar no gana nada; perder, bastante, ya que la calificación del municipio depende del número de vecinos que allí residan y, de ella, su financiación.
El padrón, digámoslo una vez más, no «legaliza» a los inmigrantes irregulares. No supone ninguna actuación de derecho respecto a su situación, al contrario, reconoce el «hecho» de señalar el número de residentes y es obligatorio para todos los ciudadanos que tengan su domicilio o residencia en un concejo y, si lo tienen en más de uno, deberán empadronarse en el más habitual. Luego, entramos en otro debate: lo que hay realmente detrás de la polémica del padrón es el interés por utilizar la inmigración como argumento político. No es la primera vez que la derecha maneja este asunto como corolario de los miedos previos generados por la crisis y la inseguridad en la ciudadanía.
Ya volvemos a oír el «aquí no cabemos todos» (¡será por sitio!) o «primero atenderemos a los de aquí». Los ideólogos de la derecha saben que hay un filón por explotar en el terreno emocional y entre los temores y los rencores de amplias capas sociales que en momentos de crisis ven a los «otros» como competidores para su seguridad, su empleo o sus servicios sociales. Por eso es muy importante para la izquierda no sucumbir a las tensiones populistas que este discurso genera y detectar con rigor y convicciones claras los problemas de los ciudadanos, interpretarlos y abordarlos.
Pero tengan en cuenta que lo dicho supone convivir con la necesidad de seguir recurriendo a la inmigración para abordar y resolver nuestros problemas, como ha ocurrido en los recientes momentos de bonanza económica. Y cuando digo nuestros, me refiero a España y la UE. Si hacemos caso -y debemos hacerlo- al Informe AWG de la Comisión Europea en la UE a 25, en los próximos 45 años la población en edad de trabajar va a reducirse en 48 millones y la población mayor de 65 años va a aumentar en 58 millones. No es muy difícil calcular lo que técnicamente se conoce como «tasa nominal de dependencia»; es decir, el número de personas jubiladas respecto a las personas en edad de trabajar pasarán de las 4 actuales a 2. Las alternativas son, justamente, lo que el PP evita decirnos.
Le basta alimentar el miedo al «otro», así no tiene que decirnos que ya se piensa en aumentar la edad de jubilación, o en recurrir a inmigrantes por la puerta de atrás, la de la hipocresía, la explotación y el cinismo de declarar delito la permanencia ilegal y, a la vez, contratarlos por veinte euros al día en jornadas de doce horas sin derechos sociales, sin alojamiento, sin servicios públicos, sin nada, como si fueran invisibles, como en la Italia de Berlusconi. Ésta es la resultante de este discurso, reaccionario, racista y xenófobo. A veces encubierto de aparentes buenas intenciones y otras más explícito, pero más habitual de lo conveniente.
¿Cuáles son los «nuevos» problemas o los problemas de nuestro tiempo? Y mejor aún, ¿cuáles son las respuestas? La clave no está sólo en diagnosticar bien los problemas y establecer correctamente si coinciden con las preocupaciones de la gente, ya que de lo contrario estaríamos abordando falsos problemas; pero, como digo, la clave reside también en las respuestas que demos. Éstas sí serán la verdadera medida de nuestra posición política. La respuesta es lo importante ¿A qué? A garantizar seguridad a la gente. ¿Y qué significa «seguridad»? ¿Acaso sólo la preocupación por nuestra integridad personal o la de nuestros bienes? Por supuesto que eso es muy importante, y condición necesaria para cualquier otra consideración, pero no sólo, y aquí reside otra clave: seguridad acerca de nuestro empleo -¿lo mantendremos mañana?-, acerca del bienestar de nuestros hijos en el futuro, si podremos garantizar los servicios públicos esenciales (educación, sanidad, pensiones, servicios sociales). También acerca de si tendremos que defender nuestro modelo de sociedad ante otros que también buscan su bienestar pero hablan otra lengua, tienen otro color de piel o rezan a otros dioses.
Si identificamos bien los problemas y damos las respuestas adecuadas, responderemos correctamente a la expectativa de los ciudadanos con la izquierda. ¿Por qué? Porque las respuestas a estos interrogantes encierran la oposición entre los distintos modelos políticos; la forma de abordar estos asuntos se puede entender como «de izquierdas» o de «derechas». Aquí hay que optar por la provisión de servicios públicos universales para todos, sufragados con una política fiscal basada en impuestos justos y progresivos, que nos permitan ser tratados como ciudadanos, sujetos de derechos, o, por el contrario, como clientes de servicios privados donde quien paga manda y más manda quien más paga. Pero no basta decir «yo defiendo el sistema público de sanidad o de educación». Lo defiendo y además exijo que funcione bien, por eso hay que hablar de eficiencia y de eficacia. Lo que implica la necesidad objetiva de hacer reformas, de promover el cambio, incluso el modelo económico, para promover otro modelo basado en la economía productiva por oposición a la economía especulativa, en la productividad apoyada en la innovación, en la investigación, en el valor añadido que aportan las actividades tecnológicamente avanzadas, en la creación investigadora y en la innovación, y en la formación de los trabajadores, y no en los trabajos malos, de poco valor añadido y con salarios bajos. Los trabajadores necesitan formación, mejores trabajos y mejores salarios. Siempre es tiempo de hacer más cosas, pero quizá sea éste el momento donde invirtamos más en mantener en buenas condiciones lo que hay, que en hacer otras nuevas. Puede que sea más rentable y más seguro.