Los síndicos piden al IDEPA más «rigurosidad» al conceder subvenciones y otorgar contratos

Oviedo, P. GONZÁLEZ

Minutos después de que la Sindicatura de Cuentas colgara en su página web el informe sobre la Dirección General de Carreteras del Principado, apareció el correspondiente al definitivo sobre la gestión del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) correspondiente a 2006. En el informe los síndicos piden al IDEPA -que en el ejercicio fiscalizado tuvo un presupuesto de 59,4 millones de euros- que tramite la adjudicación de contratos con «la máxima rigurosidad» y que el organismo debe «promover, garantizar y acreditar la competitividad real» entre aquellas entidades que optan a sus contratos y subvenciones.

Además, la Sindicatura subraya que no existen indicadores que permitan «evaluar la efectividad de las ayudas concedidas por el IDEPA sobre la economía regional» y que la mayoría de las subvenciones dadas por el organismo (el 54%) se otorgaron de manera directa sin justificar por qué, «fue necesario recurrir a un método que no aplica los principios de concurrencia y publicidad».

Los síndicos hacen especial hincapié en las lagunas que existen en las fórmulas seguidas por el IDEPA para la concesión de sus ayudas y subvenciones. Según se recoge en la auditoría, se echa de menos una mayor concreción en la valoración de los criterios que se siguen para otorgar estas subvenciones, «para evitar que las apreciaciones subjetivas puedan ser determinantes», y añade que lo mismo «ocurre con la evaluación de los criterios de adjudicación de los contratos analizados». Este informe del IDEPA, publicado por LA NUEVA ESPAÑA en febrero de 2009, fue una de las armas utilizadas con contundencia por los diputados del Partido Popular en el Parlamento asturiano para criticar, a través de su director, Víctor González Marroquín, la gestión del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.

El IDEPA presentó una dura alegación al informe provisional en la que, entre otras cosas, acusaba a la Sindicatura de Cuentas de actuar como «francotirador» del PP y de haberse convertido en «un agente político rigurosamente irresponsable». En el dictamen encargado al catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra se asegura que en la elección de Mercedes Fernández, ex delegada del Gobierno en época de José María Aznar y candidata a la Alcaldía de Gijón por el PP, se incurrió en «fraude de ley».

En el informe se asegura que las alegaciones de Marroquín contienen «cuestiones extrañas y ajenas» al contenido de la auditoría, que hace una «reflexión subjetiva sobre la posición institucional de la Sindicatura». En definitiva, que «es improcedente en tiempo y lugar».