Oviedo/ Mieres,
M. PÉREZ / D. MONTAÑÉS
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía, mostró ayer su satisfacción ante el informe de la Sindicatura de Cuentas que cuestiona la adjudicación de buena parte de las obras del Principado. «Aunque en algún medio se ha obviado, el primer punto y fundamental refleja que la contratación se ajusta a los requisitos legales y reglamentarios», dijo ayer Buendía en el Pleno de la Junta General en respuesta a una interpelación del diputado del PP Ramón García Cañal. El informe de la Sindicatura resalta que la mayoría de los proyectos de Carreteras sufrieron «sobrecostes» y se adjudicaron «sin objetividad».
En la misma línea que el consejero Buendía se pronunció el director general de Carreteras, José María Pertierra, que considera que la conclusión de la Sindicatura de Cuentas es que la contratación de su Dirección General durante el ejercicio 2007 «se ajusta a los requisitos legales». Pertierra matizó que el concurso como procedimiento de contratación «está perfectamente recogido en la ley e indicado en obras de entidad y de complejidad técnica como son gran parte de las actuaciones que se acometen desde este departamento».
Por su parte, el secretario de organización de la FSA, Jesús Gutiérrez, no mostró ayer en Mieres ningún tipo de inquietud tras conocerse el contenido del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre las adjudicaciones de la Dirección General de Carreteras. Es más, avaló el papel de este organismo como herramienta de control de la gestión política: «Su obligación es poner objeciones, si es necesario, a los procesos administrativos y el Gobierno regional tomará nota de sus aportaciones y las pondrá, con total seguridad, en valor». No obstante, Gutiérrez matizó que «intentaremos desarrollar una gestión más eficiente».
Sin embargo, para el Partido Popular, el informe de la Sindicatura de Cuentas relativo a la Dirección General de Carreteras y el que pide más «rigurosidad» al Instituto de Desarrollo Empresarial del Principado (IDEPA) a la hora de conceder subvenciones y otorgar contratos vienen a «corroborar las denuncias que lleva formulando hace tiempo el Grupo parlamentario Popular», explicó ayer el diputado José Agustín Cuervas-Mons. «Denunciamos que el sistema de contratos y adjudicaciones es irregular; es lo que confirman estos informes», dijo. Cuervas-Mons aseguró estar sorprendido por «la aparición de tres informes de repente» y añadió que, «si alguien lo quiere leer en clave de lucha interna, el informe no es sólo un varapalo para el Gobierno, sino para la FSA y el PSOE, son los mismos lobos con distinto collar». El diputado del PP recordó que la política de adjudicaciones «fue amparada en el Parlamento de manera reiterada por Fernando Lastra, Jesús Gutiérrez y Javier Fernández».
El secretario de política de desarrollo de CC OO, Gilberto García Buelga, abogó por la comprobación de las «incorrecciones que se manifiesten» y que el asunto se analice en el Parlamento, «máxime cuando se trata de dinero público», dijo. IU y UGT declinaron valorar los informes publicados por la Sindicatura.
