Gijón, M. C.
El caso de Carbones de Linares, la operación «Bola negra» tiene un precedente directo en el supuesto fraude de subvenciones en torno a Mina La Camocha, que desarticuló la Guardia Civil con la operación «Baltasar». El supuesto fraude en torno a la explotación gijonesa se habría cometido entre 1998 y 2000, al vender a la térmica de Aboño unas 90.000 toneladas de carbón de importación y de cielo abierto mezclado con el del pozo gijonés. El fiscal cifra la cuantía del fraude en 87,75 millones de euros, correspondiente a la totalidad de las subvenciones recibidas. El Ministerio de Economía redujo la cuantía del fraude a 17,09 millones, al valorar sólo las 90.000 toneladas.
El Juzgado de instrucción número 4 de Gijón tramita las diligencias del caso desde que en 2001 interpusiera una denuncia la fiscalía anticorrupción. Hay 11 imputados, entre directivos y empleados de La Camocha, y dos empresas interpuestas para camuflar a las que La Camocha les pagaría el mineral facturándolo por otros conceptos.
Por el Juzgado gijonés ya han pasado cuatro magistrados en estos 9 años de instrucción. Dos de ellos decidieron sobreseer la causa y en ambas ocasiones fueron enmendados por la Audiencia Provincial. Los imputados prestaron declaración entre noviembre de 2008 y junio de 2009, después de la práctica de otras pruebas. Tras las declaraciones de los imputados, el titular del Juzgado tendrá ahora que decidir si opta por sobreseer la causa o si abre el juicio oral contra los imputados.
Los autos de la Audiencia Provincial que revocaron los dos intentos de archivo consideran que las ayudas estatales se conceden para extraer carbón de la mina y no se pueden destinar a otros fines, como la compra de mineral.
En el registro de las oficinas de La Camocha se incautó una pistola, que dio pie a otro procedimiento judicial.
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