Sanidad busca consenso político para aprobar la ley antitabaco cuanto antes

Oviedo / Madrid, Marcos PALICIO / Agencias
El Ministerio de Sanidad acelerará el trámite para reformar la ley antitabaco si la ronda de contactos que mantiene con los grupos parlamentarios concluye con un amplio consenso. Ésa es, según fuentes del departamento, la «hoja de ruta» de un proceso para el que la ministra, Trinidad Jiménez, renunció ayer a fijar plazos a la espera de los resultados de esas consultas con los partidos. La medida, que prohibirá fumar en bares y otros locales de hostelería, carece aún de borrador, confirman las mismas fuentes, y de calendario, aunque la pretensión del Ministerio, que desmiente que el proyecto esté sufriendo retrasos, dice que su entrada en vigor no pasará de este año, que los contactos acabarán como muy tarde con este primer semestre y la aprobación de la nueva ley se materializará en el segundo. La posibilidad de agilizar el procedimiento, tramitando la reforma como proposición de ley y sin que pase por el Consejo de Ministros, se contempla como una de las alternativas en función de la respuesta que obtenga el Gobierno en sus conversaciones con la oposición. Si el consenso es amplio, apuntan desde Sanidad, podría optarse por la vía más rápida. Mientras tanto, la diputada del Partido Popular Ana Pastor reclamó ayer al Gobierno que consensúe la nueva ley con las comunidades autónomas antes de que el texto sea enviado a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

El proyecto de reforma ha sido duramente censurado por la patronal asturiana de hostelería, que ha hecho un cálculo de consecuencias en el que se vaticina el cierre de unos 2.500 negocios en la región. Madrid mantiene sus planes de endurecer la ley a pesar de éstas y otras reticencias que Trinidad Jiménez valoró ayer como «opiniones respetables», pero desautorizadas por la «experiencia comparada». Ésta revela, a su juicio, que el efecto sobre la economía es nulo». Frente al ejemplo que en su día invocó Hostelería de Asturias, el de Irlanda, donde la prohibición acabó desde 2004, según el presidente de la patronal, José Luis Álvarez Almeida, «con el 8,6 por ciento de los restaurantes y el 24 por ciento de los bares», Jiménez prefiere el de Italia y su «efecto cero» en la economía. Para Almeida, las declaraciones de la Ministra mantienen «el mismo tono desconcertante de los últimos seis meses» y el «aplazamiento» de la conclusión del trámite al segundo semestre del año acrecienta la incertidumbre del sector. La ausencia de texto y plazos constatan, a su juicio, que «en la sociedad está calando el mensaje de que no hay un consenso total» en torno a un proyecto sobre el que «seguimos pidiendo claridad. Es muy frustrante no saber qué va a pasar con nuestros negocios dentro de unos meses».