Oviedo, L. Á. V.
«No vendía droga a terceras personas, y mucho menos a mi hijo», declaró ayer el constructor de Cangas de Onís Manuel Antonio del Dago, el principal encausado de la red de drogas que ayer comenzó a ser juzgada en la Sección Tercera de la Audiencia. El fiscal antidroga de Asturias, José Perals, solicita penas que suman 78 años de cárcel para los doce encausados. Nueve de los once acusados que comparecieron aceptaron los cargos. Del Dago y su hijo, A. M. D. V. , presentaron batalla.
La letrada de ambos, Ana García Boto, planteó hasta cuatro cuestiones de nulidad de la causa, dos de ellas por registro indebido y por considerar que los magistrados que enjuician los hechos deberían haberse abstenido, por haber decidido previamente sobre uno de los recursos. El magistrado Antonio Lanzos indicó que la letrada debería haber recusado al tribunal previamente.
El constructor y su hijo consideran que no deberían estar encausados y aseguran que son objeto de una persecución policial. El hijo, al que se acusa además de un delito contra la seguridad del tráfico, por escapar cuando iba a ser detenido, denunció haber sorprendido a un agente colocando algo en los bajos de su furgoneta. «Le pregunté y me dijo que pensaba que tenía una bomba», declaró.
Del Dago declaró que la cocaína hallada en su finca de Labra (Cangas de Onís), era para consumo propio. El constructor culpó a la Policía de que se haya hundido su negocio. «Desde que pasé por prisión, no pude trabajar dignamente», señaló el cangués, que ha creado una asociación contra la «presión inmobiliaria». Del Dago también se quejó de que su padre había muerto mientras él estaba en prisión. El acusado mantuvo una huelga de hambre en la cárcel, según dijo, no para salir de ella, sino para que se respetasen sus derechos.
