Oviedo, R. L. MURIAS
Ahora que el PP propone en Asturias que la incineradora de Serín se lleve a cabo pero siempre que sea con inversión privada, basta con echar un vistazo a los otros hornos de este tipo que ya hay en España, diez en total, para corroborar que la estrategia de los populares asturianos es fiel reflejo de la que han utilizado para construir la mayoría de las incineradoras, es decir: acudir a la empresa privada. Todas menos la de Melilla están gestionadas por empresas privadas.
Aunque en un principio el PP asturiano se mostraba reacio a la incineradora para tratar las basuras en Asturias, ahora los populares están dispuestos a apoyar la propuesta del PSOE, eso sí, siempre que no haya que castigar las arcas municipales. Y es que hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Oviedo tiene una participación del 10% en el Consorcio de Gestión de Residuos de Asturias y, en función de este porcentaje, si se optase por financiar la obra desde las arcas públicas, el Ayuntamiento ovetense tendría mucho que invertir en la incineración. La factura no será barata. Hay que tener en cuenta que se prevé que la planta de Serín ronde los 250 millones de euros, al menos, la que defienden los técnicos, con capacidad para quemar 450.000 toneladas al año.
En realidad, el argumento en el que se apoya ahora el PP asturiano es el mismo que defendieron sus compañeros de partido en las comunidades donde los populares gobernaban cuando se pusieron en marcha estas instalaciones, como, por ejemplo, en Palma de Mallorca, Galicia o Cantabria. Ahora el PP asturiano sí que va de la mano del partido y no antes, cuando mostraban su oposición a la quema de residuos.
En el caso de Palma de Mallorca, por ejemplo, la planta incineradora, que es la más moderna de todas las que hay en funcionamiento en España, se construyó bajo el mandato de los populares, y la fórmula que la mantiene en pie es la misma que ahora exigen los populares asturianos. La construcción del horno se sacó a concurso y es una sociedad la que la gestiona: Tirme, S. A., resultado de la unión de Endesa, Urbaser, Iberdrola y FCC. En Cantabria, donde también fueron los populares los que dieron luz verde a la instalación de un horno de basuras, la gestión también es privada. La sociedad Urbaser tiene la concesión del servicio, y el Gobierno cántabro lleva años luchando para que la empresa les rebaje la tasa que les cobra por quemar cada tonelada de basura.
En Galicia fue Manuel Fraga quien dio luz verde a la incineradora de Sogama, que también está gestionada por manos privadas.
