Oviedo, R. L. M.

Quemar basura sale caro o, al menos, más caro que llevar los residuos al vertedero. En Palma de Mallorca el Gobierno tiene que pagar a la empresa concesionaria de la «valorización de sus residuos» 131 euros por cada tonelada que se quema en el horno. Esta cifra multiplica por once el precio que se desembolsa en Asturias por llevar cada tonelada de residuos al vertedero de Serín, que se sellará de forma definitiva en el año 2015, al quedar definitivamente colmatado. El Principado desembolsa 12 euros por cada tonelada que lleva al basurero.

En Bilbao, donde los residuos también se queman, la tasa de incineración por tonelada es de 82 euros. En Cantabria se pagan 92 euros, una cifra que el Gobierno cántabro ve desmesurada y por la que lleva lidiando con la concesionaria para intentar reducirla varios años, sin éxito. La empresa Urbaser tiene una concesión por 35 años para gestionar las basuras de la comunidad cántabra. Éste es otro de los puntos en común de los sistemas de gestión de residuos por incineración, se suele optar por concesiones largas, de más de veinte años, así lo exigen las empresas encargas del servicio.

Otro ejemplo es la concesión del horno de Madrid, donde la planta de Valdemingómez la gestionará la empresa Tirmadrid durante 23 años.

Con todos estos modelos en funcionamiento, ahora a Asturias le toca decidir cómo va a ser el suyo. Lo que todavía queda por concretar son las exigencias de los grupos políticos. Por una parte, lo que solicita IU (socio del Gobierno del Principado), que aunque siempre manifestó su oposición a la quema de basuras podría aceptar una incineradora más pequeña, de menos de 450.000 toneladas; por otro lado, las exigencias del PP, que ahora quiere que el Principado les garantice que quemar los residuos no les obligará a tener que perder dinero de sus arcas municipales, y menos, en plena crisis. Quemar, sí; pagar, no.