Las comunidades autónomas se resisten a asumir el plan de austeridad de Zapatero

Oviedo, Luis GANCEDO
El Gobierno español se ha comprometido, ante la Comisión Europea y ante los inversores nacionales e internacionales que financian la deuda pública del país, a recortar en 50.000 millones de euros el gasto público hasta 2013, para reducir el déficit de las cuentas españolas, disparado por la crisis, del 11,4% actual al 3% que impone Bruselas. Y aunque la Administración general del Estado prevé realizar los mayores sacrificios, el equipo económico de José Luis Rodríguez Zapatero quiere implicar en el ahorro a las comunidades autónomas. Algunas de ellas, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, están poniendo reparos ya, mientras que el Principado ha adoptado una posición defensiva: considera que ha hecho sus deberes en los Presupuestos de 2010 y que deben ser las autonomías más derrochadoras las que soporten los recortes.

El llamado plan de estabilidad elaborado por el Ministerio de Economía prevé que el Estado asuma hasta 2013 un recorte de gasto de 40.000 millones de euros, ajuste que afectará, con un alcance por ahora impreciso, a las inversiones en infraestructuras. El departamento de Elena Salgado quiere que otros 10.000 millones de ahorro salgan de comunidades autónomas y ayuntamientos. Las primeras deberán hacer, según las estimaciones iniciales, al menos el 80% de ese esfuerzo. Lo que está por ver es cómo se reparten los sacrificios. La carta que Economía ha remitido a las autonomías con la primera información sobre los criterios generales del programa de austeridad no detalla los criterios de ese reparto, que presumiblemente serán debatidos en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de cercana convocatoria.

Los gobiernos regionales están situándose ante ese inminente debate. Como ya explicó este diario, el Gobierno asturiano (PSOE-IU) argumenta que el Principado no debe resultar penalizado porque ya está aplicando políticas de austeridad y porque es una de las regiones más disciplinadas con el cumplimiento de los techos de déficits pactados con el Estado. Ese déficit fue en 2009 equivalente al 0,98% del PIB regional, dos centésimas por debajo del límite concertado. «Y en 2010 Asturias volverá a cumplir», señalaron fuentes del Ejecutivo autonómico, y citaron a Cataluña y a la Comunidad Valenciana como ejemplos de regiones que deberían soportar en mayor medida los ajustes que quiere fijar el Gobierno con las regiones.

Antoni Castells, consejero de Economía de la Generalitat catalana, ha comentado, en relación al intento del Gobierno de implicar a las regiones en el recorte del déficit: «No necesitamos que nos pongan deberes». El Gobierno catalán alega que del 11,4% de déficit del conjunto de las administraciones públicas, sólo 2,2 puntos corresponden a las autonomías. Cataluña puede además poner trabas al intento de la ministra Elena Salgado de reforzar el control sobre las cuentas autonómicas. Economía quiere obligar a las regiones a presentar informes trimestrales sobre sus gastos y pagos. Cataluña es una de las cuatro comunidades -junto a Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias- que han hecho sus presupuestos para 2010 saltándose el límite máximo de déficit (2,75% del PIB) acordado en el Consejo de Política Fiscal en septiembre de 2009. Sólo cinco meses después de haber autorizado a las autonomías a ir a un déficit del 2,75% y, por tanto, a un endeudamiento superior al de 2009, el Gobierno ha revisado su rumbo y emplazado a las regiones, con los ingresos fiscales mermados por la crisis, a apretarse más el cinturón.

El Consell valenciano, que preside Francisco Camps (PP), ha adelantado que votará contra el plan de austeridad de Zapatero. El consejero de Economía, Gerardo Camps, argumentó en un mitin que la propuesta del Gobierno central obliga a «recortar necesariamente» gastos sociales. La levantina es una de las comunidades menos disciplinadas con los límites máximos de déficit y, tras Cataluña, es la que acumula un mayor endeudamiento: unos 18.000 millones de euros en 2009, según el Banco de España.

Murcia también se resistirá al llamamiento del Gobierno. El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP), ha atacado a Zapatero por exigir más austeridad a las regiones cuando «él no se aplica el cuento». Una opinión expresada días atrás en un acto público y compartida en el mismo foro por otros presidentes autonómicos del PP, como el castellano-leonés, Juan Vicente Herrera, o el riojano, Pedro Sanz.

El Ejecutivo de Esperanza Aguirre en Madrid sí se ha mostrado conforme con una de las posibles medidas que deja caer el Ministerio de Elena Salgado en su carta a las autonomías: penalizar a aquellas que incumplan los objetivos de déficit recortando transferencias (inversiones y otras) que el Estado hace a las regiones. Madrid, como Asturias, está entre los territorios con un déficit más contenido. Aguirre lo ha hecho mediante una política que incluye rebajas de impuestos y privatizaciones de servicios públicos.