Salgado quiere reducir entidades y empresas públicas, que suman 63 en el Principado

Oviedo, L. GANCEDO
El programa de austeridad que el Ministerio de Economía ha definido para la Administración central prevé simplificar y reducir el entramado de organismos públicos, consorcios, sociedades mercantiles y otros entes que conforman la estructura del aparato estatal. Y el departamento de Elena Salgado pretende que las comunidades autónomas sigan también ese camino para rebajar gastos. El Principado sostiene, en línea con su posición general sobre los planes del Gobierno, que la dimensión y la dispersión en entidades de la Administración asturiana son modestas en comparación con otras comunidades autónomas.

El inventario que confecciona el Ministerio de Política Territorial identifica en Asturias un total de 63 entidades dependientes o participadas por el Principado, entre consorcios, organismos autónomos, empresas públicas, fundaciones... Es el segundo número más bajo entre las diecisiete comunidades autónomas. La región con menor número de estos entes es La Rioja (30). Cataluña y Andalucía encabezan la clasificación con más de 300. No obstante, llama la atención que el número de sociedades mercantiles -empresas de titularidad pública con naturaleza jurídica privada- participadas por la Administración asturiana es elevado en comparación con otros territorios. El Principado controla o participa en 29 de estas sociedades, cuando, por ejemplo, en Castilla y León sólo existen 16, siempre según el citado inventario.

El uso de empresas públicas, fundaciones u otro tipo de entidades análogas ha sido intenso en todas las autonomías. Tal proliferación se ha considerado por los expertos como una vía para agilizar el funcionamiento de la Administración y mejorar la gestión de los servicios públicos, pero también se ha denunciado, desde el ámbito político y desde el académico, que ese modelo tiende a agravar vicios como el aumento del gasto y el nepotismo en el acceso al empleo público. La dispersión es utilizada en ocasiones también, según otras tesis, como una estrategia para camuflar el endeudamiento.

La Comunidad Valenciana es una de las regiones con mayor aumento del número de entidades y empresas públicas. Tiene ahora 136, un 38% más que en 2003. El crecimiento medio en el conjunto de las autonomías fue del 28% y en Asturias se quedó en el 18%, señalan documentos del Gobierno.

La «Propuesta de acuerdo marco con las comunidades autónomas sobre sostenibilidad de las finanzas públicas» que el Ministerio de Economía ha remitido a los gobiernos regionales sugiere también que se contengan los gastos de personal, limitando tanto los incrementos salariales como la incorporación de nuevos trabajadores a las plantillas públicas. El Gobierno central prevé que durante 2010 sólo se cubra una de cada diez bajas que se produzcan por jubilación y congelará también la contratación de personal interino.

El Principado asegura que ya ha tomado medidas para limitar su oferta de empleo público. Así, estima que la tasa de reposición (número de plazas que se convocarán para cubrir vacantes por retiro) no pasará del 15%. La Administración asturiana tiene unos 36.000 trabajadores.