Oviedo / Avilés,

J. A. O. / J. A. A. / M. P. / S. F.

La jefa de servicio del Principado destituida por hacer ajudicaciones irregulares de contratos de productos informáticos, que diversas fuentes elevan a medio millón de euros, es socia y administradora única de una empresa del sector de las nuevas tecnologías. Esta firma, llamada Implans Mounts, se constituyó el 31 de julio de 2008, y en cinco meses de actividad declaró unos beneficios de 354.275 euros, según consta en el Registro Mercantil.

Esta funcionaria, que responde a las iniciales M. R. A., ocupaba el puesto de jefa de servicio de Procesos Administrativos de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedades de la Información. Era hasta el martes un cargo de confianza de la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, y, a su sombra, se trasladó a este departamento cuando Migoya dejó Cultura.

La empresa de informática de la funcionaria destituida tiene, según el registro, objetivos similares a las labores que desempeñaba en el Principado, pues se dedica a «servicios de telecomunicaciones, informáticos y comunicaciones, digitalización documental, organización de archivos, artes gráficas y explotaciones forestales y de fincas rústicas». La sede social, que ahora está fijada en Oviedo, estuvo primero en la céntrica calle de Avilés en la que reside la funcionaria. La cuantía global de los contratos adjudicados de forma supuestamente irregular por la funcionaria podría superar el medio millón de euros, según los primeros cálculos del Gobierno regional.

Las supuestas irregularidades en la gestión de la jefa de servicio salieron a la luz en el transcurso de una investigación interna para rastrear una inusual concentración en su departamento de contratos menores de 18.000 euros acumulados durante, al menos, dos ejercicios. Este tipo de contratos, por debajo de la cantidad citada, no tiene que someterse a concurso público y se utilizan para agilizar pequeños proyectos. Los primeros indicios apuntan a que la investigación habría encontrado una relación directa y evidente entre la jefa de servicio y alguna empresa beneficiada por esos contratos, lo que conllevó que fuera apartada del cargo y la correspondiente denuncia ante la fiscalía, que ya ha iniciado la investigación.

Además de desentrañar el destino y la finalidad de los contratos en cuestión, la fiscalía también deberá dilucidar si la funcionaria llegó a falsificar la firma de su director general, José Alberto Pérez Cueto, o de algún otro responsable de la Consejería de Ana Rosa Migoya, a quien el PP ya pidió ayer que comparezca en la Junta. La noticia de la destitución de la funcionaria ocasionó un gran nerviosismo entre el personal de Administraciones Públicas. Aunque las fuentes consultadas coinciden en señalar que en principio no habría más implicados, sí que algunos responsables temían que su firma pudiera aparecer en la compulsación de alguna de las facturas. La sección de delitos económicos de la Policía Judicial habría realizado un detallado registro del despacho de la funcionaria, llevándose documentación y procediendo al precinto del local.