Conducir bebido es un delito, no un error

Como si de una epidemia se tratase, varios personajes públicos han sido sorprendidos al volante con una tasa de alcohol superior a la permitida, y en la mayoría de los casos se han hecho acreedores de una acusación por un delito contra la seguridad vial en su modalidad de alcoholemia. Están, en Asturias, los recientes casos del ya ex alcalde socialista de Siero Juan José Corrales y del también socialista Francisco Villaverde, gerente de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado, a quien se le retiró el carné por dar positivo en un control de alcoholemia en Gijón. En el ámbito nacional también ha sido conocido el del diputado del PP Ignacio Uriarte, presidente nacional de Nuevas Generaciones y, para más inri, vocal de la Comisión parlamentaria de Seguridad Vial, que sufrió un accidente con una tasa de alcohol de 0,54 miligramos. Al binomio alcohol-volante no son ajenos ni siquiera los religiosos: motivó la dimisión de la cabeza de la Iglesia Evangélica en Alemania y obispo de Hannover, Margot Kässmann, tras ser interceptada cuando conducía borracha.

Corrales trató de justificarse señalando que había cometido «un error» y que pudo ausentarse del lugar donde accidentó su coche oficial. El ex alcalde ha señalado, además, que estaba muy estresado y se estaba automedicando una arritmia cardiaca, para explicar el accidente que tuvo tras una noche de fiesta de Comadres. Por su parte, Uriarte también apeló a un error humano, como Corrales, justificado porque regresaba de su despedida de soltero. Para minimizar su error y ser juzgado rápidamente, renunció a sus prerrogativas como diputado. Los políticos hablan de errores cuando en realidad deberían referirse a un delito que no es ninguna broma, según opinan los expertos.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo Juan Manuel González-Carbajal, experto en asuntos de seguridad vial, asegura que «la gente sigue creyendo que este tipo de delitos no le afectan y continúa conduciendo pese a haber bebido». Además, está «el ejercicio de irresponsabilidad de gente en determinadas posiciones, que son los que deciden los contenidos de las leyes» y aun así incurren en prácticas que ahora son delito. Para el profesor, que ha organizado varios cursos de verano de seguridad vial, «existe la percepción generalizada de que los delitos de tráfico son un asunto menor, y no sólo por parte de los conductores, sino también por quienes les acompañan».

Pablo Martínez Sánchez, abogado especializado en seguridad vial, «asegura que conducir borracho es delito; otra cosa es que las personas tengan una visión distinta socialmente». Poco a poco, sin embargo, esta percepción va cambiando. «Tampoco hay que olvidar que quienes son pillados tienden a defenderse, sobre todo si se trata de personajes públicos. Es lógico que quieran declarar en su favor, aunque cada vez es mayor la repulsa social por estos delitos», añadió.

Los expertos subrayan que muchos ciudadanos son poco conscientes de que los delitos de alcoholemia se han objetivado desde que se establecieron penas de cárcel para aquellos conductores que sobrepasen los 0,6 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. «La defensa ahora es casi imposible, por lo que la mayor parte de los casos se resuelven en conformidad. Queda poca cancha para defender este tipo de asuntos», opinó. También en el caso del alcalde de Siero. «Dice que va a defenderse, pero no tiene defensa alguna con 0,75 miligramos de alcohol. Su actitud sólo se entiende de cara a la galería», aventuró Pablo Martínez. Para este abogado, los políticos son iguales al resto de los ciudadanos, pero deben asumir responsabilidades políticas. «Que un miembro del Congreso sea pillado en esta situación, desde el punto de vista de la imagen que se pretende transmitir, es inadmisible. Lo que tiene que hacer Uriarte es dimitir de forma fulminante. Beber alcohol y coger el coche depende de la voluntad de cada uno. ¿Por qué no cogen un taxi?», se preguntó el letrado.

Para otro abogado especializado en asuntos de tráfico, Luis Antonio Olay Pichel, asuntos como el de Juan José Corrales «no son un tema menor y políticamente no tiene un pase». Encima, «si es con el coche oficial, parece aún más impresentable». Olay reconoció que hace diez años este asunto «no estaba tan sancionado, pero ahora, incluso socialmente, cada vez es más reprochable». El abogado se mostró realmente sorprendido con el caso de Ignacio Uriarte, vocal de Seguridad Vial. «No hay por dónde cogerlo. Los políticos, en este aspecto, deberían servir de ejemplo», indicó.

Raimundo García Cuesta, presidente de la Asociación de Accidentología Vial y agente local, cree que cada vez hay mayor sensibilidad. «Quiero creer que sí ha calado la reforma del Código Penal, aunque la gente sigue sin entender el delito objetivo, esto es, el que se comete cuando se sobrepasa determinada tasa de alcohol, en este caso los 0,6 miligramos», indicó.

Al indicar que sólo cometieron un error humano, Corrales y Uriarte «quieren quitar hierro al asunto, justificar lo que se ha hecho mal, como todos, pero estos delitos no se deben tomar a broma, ni por parte de quienes los cometen ni por parte de quienes tienen la obligación de perseguirlos».

García Cuesta rememoró una conversación con uno de los miembros de la Comisión de Tráfico que analizó hace unos años la modificación del Código Penal para convertir en delito la conducción en estado de ebriedad. «En la comisión se planteaban la duda de si la sociedad estaría preparada para meter en la cárcel a gente por delitos de tráfico. La respuesta la escuché esta mañana (por ayer) en la radio: ya hay dos mil personas presas en las cárceles españolas por estas infracciones», comentó García Cuesta.

En los casos de los políticos pillados conduciendo borrachos sorprenden, sin embargo, las diferentes reacciones que se han producido. La Federación Socialista Asturiana (FSA) consideró muy graves los hechos que involucraron a Corrales. El PP no hizo sangre con este asunto, sobre todo después de que el sierense anunciase una dimisión que se verificó ayer.

El caso de Ignacio Uriarte ha sido muy distinto. El PP nacional ha salido en defensa del presidente de Nuevas Generaciones indicando que «madurará» y que «será mejor político» tras su tropiezo con la ley, en palabras de la portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría. El PSOE ha tenido menos piedad y ha pedido la dimisión de Uriarte como diputado por Valencia. Tampoco ha tenido inconveniente en relacionar este asunto con Francisco Camps y el «escándalo Gürtel», dentro de su campaña para minar al Partido Popular valenciano. Dos casos de similares características, aunque han provocado reacciones diferentes.