La consejera de la Presidencia, Justicia e Igualdad, María José Ramos, ha asegurado hoy que la tasa por servicios de rescate que ha entrado en vigor este año sólo se aplicará en casos de "irresponsabilidad manifiesta" y que no impedirá que los profesionales acudan a "todas las llamadas de auxilio que se planteen".

La tasa, que no se ha aplicado en los dos meses que lleva en vigor, se va a abordar "con equidad y el mayor rigor" ya que "se puede objetivar la negligencia", ha afirmado la consejera, ante las dudas planteadas hoy por el Partido Popular sobre la oportunidad de esta medida.

Ramos, que ejerce la presidencia en Bomberos de Asturias y en el servicio de emergencias 112-Asturias, ha comparecido hoy ante la Comisión de Presidencia de la Junta General del Principado a petición del PP para informar de la nueva tasa por rescates y asistencias que ha entrado en vigor el 1 de enero.

Esta nueva tasa contempla seis tarifas a aplicar, desde los 32 euros por hora de mínimo, hasta los 2.013 euros, como máximo, en función del número de efectivos o de los medios empleados en cada caso.

Según la consejera, esta tasa no tiene afán recaudatorio sino disuasorio y educativo porque "no es asumible que haya que destinar recursos públicos por la dejadez de unos pocos y que una urgencia médica pueda tener que esperar por auxiliar a alguien que ha sido negligente".

Ramos ha recordado que desde 2005 se han duplicado las actuaciones en materia de montaña y que eso ha llevado a su departamento a ampliar el sistema de información de riesgos a la ciudadanía para lanzar el mensaje de que descuidos, dejadez, falta de previsión y hacer caso omiso a las advertencias ponen en peligro la propia vida y la de profesionales que se movilizan.

Ha añadido que ha sido ese objetivo de concienciar a la población de este problema el que ha llevado a establecer esta tasa de rescate con todas las garantías legales y que fija quiénes son los responsables de su pago.

"Es una tasa normal y el que incumpla tendrá sus consecuencias", ha señalado la consejera tras precisar que se trata de un procedimiento administrativo más en el que el sancionado puede recurrir la decisión y en el que, si se niega a pagar, se dilucidará en los tribunales.

Desde el PP, Elma Alonso ha asegurado que se trata de una "tasa ambigua" en la que no se ha aclarado cómo se va a cobrar por los rescates, a quién o cómo, ya que el "límite entre la imprudencia y la mala suerte es muy borroso".

Ha reconocido que no cree que esta tasa tenga un afán recaudatorio, pero también ha mostrado sus "dudas sobre la oportunidad" de una medida que, en su opinión, puede dar lugar a "agravios, arbitrariedad o trato de favor".

Para la parlamentaria popular, sí que debe haber "sanciones muy duras" para los que hacen falsas llamadas de emergencia "porque ponen en peligro los equipos de rescate", pero duda de la oportunidad de la tasa aprobada en Asturias porque debe "determinar mejor lo que es una imprudencia".

Alonso ha incidido en que las otras dos comunidades que tienen aprobadas tasas similares, Cantabria y Cataluña, no las han puesto en marcha "porque son conscientes del follón en el que se pueden meter".

"Es un problema complejo y que va a dar lugar a muchas demandas judiciales contra la administración", ha afirmado la diputada del PP, tras destacar que hay más de 4.000 montañeros federados, "que tienen miedo de que se les suba las tasas por este asunto," y 80.000 personas practican deportes de montaña en Asturias. EFE