Oviedo, M. PÉREZ
El plan de ordenación del litoral de Galicia, una normativa con espíritu similar al plan de ordenación del litoral de Asturias (POLA), levantará el veto para construir en los primeros 500 metros de franja costera gallega. La Xunta de Galicia considera, al contrario que el Gobierno del Principado, que no se debe prohibir de manera «generalista» la construcción de edificios en el litoral. El próximo 17 de mayo se cumplirán tres años de la moratoria aprobada por el anterior Gobierno bipartito (PSOE-BNG), que impedía construir en la franja costera de los 500 metros y que fue concebida de manera preventiva para preservar el litoral del urbanismo agresivo que se estaba registrando en algunos municipios costeros.
El Gobierno gallego ha presentado ahora su proyecto para la ordenación del litoral, que llaman POL, que pretende regular la construcción en la costa. La norma, que el ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo pretende aprobar antes de que finalice el año, levanta la restricción a la edificación en el primer medio kilómetro de costa, pero, a cambio, incluye en el ámbito de protección de la ley otras zonas que ahora no están vedadas. El documento regula 210.000 hectáreas del litoral siguiendo una línea irregular a lo largo de la costa. De esta manera, hay tramos en los que no supera el límite de los 500 metros y otros en los que se adentra hacia el interior.
La polémica ya está servida en Galicia y el proceso de aprobación del POL está resultando más complicado de lo previsto. Por un lado, los nacionalistas han cargado contra el plan, que creen que provocará desorden urbanístico en la costa. Del otro están los ayuntamientos, cuyos técnicos están teniendo problemas para interpretar la documentación remitida por la Xunta. Eso sí, los ayuntamientos gallegos tendrán un plazo de dos años para adaptar sus planeamientos urbanísticos al POL.
La franja costera más próxima a Asturias, la Mariña lucense, es una de las más afectadas por el documento, puesto que sus planes urbanísticos ni siquiera están adaptados a la ley gallega del Suelo de 2002. A la falta de suelo urbano no consolidado se une la escasez de suelo urbanizable delimitado, que es como se denomina el área donde se ejecutarán planes parciales a corto plazo. Además, los gobiernos locales tratan de negociar el futuro de los núcleos rurales costeros afectados por la normativa autonómica. En Barreiros, donde la Xunta llegó a suspender en 2006 las normas urbanísticas alegando se estaba desarrollando un crecimiento urbanístico desordenado e insostenible, el Ayuntamiento ve con buenos ojos la aprobación del POL al considerar que la ley de los 500 metros «se aplicaba de forma indiscriminada».
