Oviedo, L. PALACIOS
Uno de los casos de más actualidad de menores delincuentes en Asturias es el de Larissa L. R., con 18 años recién cumplidos, y con el plazo de internamiento cautelar a punto de expirar por el crimen de Vallobín.
La joven está acusada de participar de alguna manera en el asesinato de la joven María Luisa Blanco, de 36 años, que fue descuartizada en el piso que compartía con su madre, su hermano, la menor, su novio y su bebé y otro amigo. A finales de este mes caduca el plazo de nueve meses de internamiento en el centro de Sograndio, y su futuro depende de que se consiga una sentencia firme que prorrogue el encierro.
Jorge Fernández Caldevilla asegura que la Fiscalía de Menores intentará darle la máxima celeridad posible, «pero va a ser muy difícil conseguir una sentencia firme antes de que finalicen los nueve meses de internamiento cautelar, a no ser que ésta se consiga de conformidad entre todas las partes», apunta.
El fiscal considera que si bien la ley del Menor permite el internamiento cautelar por un plazo de seis meses, prorrogables durante otros tres, este plazo puede resultar insuficiente en los supuestos más graves, con una instrucción compleja. Lo deseable sería, según Caldevilla, que, si por la gravedad de los hechos, el menor va a cumplir un internamiento largo y dadas sus circunstancias se estima adecuado el internamiento cautelar, «éste no se interrumpiera hasta que se dicte sentencia». El caso de la menor de Vallobín podría tener encaje en este supuesto.
Para estos hechos, argumenta el fiscal asturiano, podría plantearse en la jurisdicción de Menores la aplicación de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece unos límites para la prisión preventiva bastante más amplios. Una vez que se dicte sentencia en primera instancia, la prisión preventiva puede durar hasta la mitad de la pena que se le haya impuesto. Pero la ley del Menor no dice nada el respecto, «y al no decir nada hay que adoptar la opción más favorable para el menor», subraya.