Menores, una ley suficiente

Oviedo, Luján PALACIOS

Las continuas idas y venidas ante el juez de Rafael F. G., el «Rafita», asesino de la joven de Getafe Sandra Palo cuando aún era menor de edad -tenía 14 años-, ha puesto sobre la mesa de nuevo una propuesta a la que se lleva dando vueltas desde hace tiempo: el endurecimiento de la ley del Menor.

El «Rafita», que ahora tiene 21 años, fue detenido por cuarta vez en febrero mientras se encuentra cumpliendo el régimen de libertad vigilada que corresponde a la última parte de su pena por la muerte de Sandra Palo. Intentaba robar un coche en la calle, y tras declarar ante el juez, quedó en libertad. Para muchos, es «una vergüenza» que el «Rafita» esté en la calle tras cometer un crimen salvaje, y cada vez más personas claman por un endurecimiento de las leyes.

El último en lanzar la idea ha sido el Comité de Dirección del PP de Madrid, que ha acordado la presentación de una iniciativa legislativa a través del Grupo parlamentario Popular para que el Gobierno modifique la ley del Menor, y que los menores que cometieron delitos muy graves, como violaciones o asesinatos, ingresen en prisión al cumplir 18 años. Así se evitaría, indican, que estos delincuentes salgan a la calle y puedan seguir actuando.

La propuesta se encuentra sin embargo con el rechazo frontal de muchos expertos. Sin ir más lejos, el fiscal coordinador de Menores de Asturias, Jorge Fernández Caldevilla. Para Caldevilla, en España existe una ley del Menor «adecuada para solucionar la mayoría de los supuestos».

Este documento, reconoce el fiscal, presentaba algunos defectos en la redacción original que fueron en parte corregidos en las sucesivas reformas, sobre todo en la acometida en el año 2006. Con la nueva redacción «permite una respuesta adecuada, proporcionada y rápida, siempre que se cuente con los medios adecuados». A ello se une el hecho de que, según subraya el fiscal de Menores asturiano, la ejecución de las medidas funciona correctamente.

La libertad vigilada es una de las medidas que más revuelo causan entre la ciudadanía, como en el caso de el «Rafita», que se saltó todas las normas para volver a delinquir. Pero según Caldevilla, es una de las medidas más aplicadas y su funcionamiento es correcto, «aunque lógicamente no es efectiva para todos los supuestos ni para todos los menores», puntualiza. En Asturias, la ejecución de las medidas impuestas en sentencia se realiza a través de la Consejería de Justicia y de la asociación Trama.

Jorge Fernández Caldevilla, además, indica que los crímenes más graves y sangrientos son una excepción entre los menores, que no alcanzan al uno por mil de los casos. Por ello, en la mayoría de los supuestos, «con una medida educativa no privativa de libertad los jóvenes responden adecuadamente y no vuelven a tener ningún problema con la ley», indica el fiscal.

Pese a que se dan casos puntuales en los que los menores vuelven a las andadas, desde Asturias se apuesta por seguir con la ley actual porque «tiene una respuesta adecuada en la inmensa mayoría de los delitos». Caldevilla recuerda que incluso en los casos más sangrientos la medida que se impone es proporcionada: 8 años de internamiento en régimen cerrado y 5 años de libertad vigilada. Incluso si el menor ha cometido más de un delito se puede llegar a 10 años de internamiento en régimen cerrado.

Y todo ello, teniendo en cuenta que «no hay ninguna relación entre un endurecimiento de la sanción penal y la disminución de los delitos», apunta el fiscal, para quien «la respuesta penal tiene que ser racional y tener en cuenta la finalidad educativa y de reinserción del menor», sin olvidarse, además, de proteger los derechos de las víctimas.

Otra de las medidas que se plantean ante la evidencia de que cada vez niños de más corta edad son capaces de cometer atrocidades es la rebaja de la edad penal, otro punto en el que el fiscal de Menores de Asturias se muestra en desacuerdo.

«Por debajo de los 14 años parece lógico que no se apliquen medidas penales», afirma Caldevilla, que apunta que únicamente se aplican medidas de protección, de las que se encarga la Consejería de Bienestar Social del Principado.

En este sentido, el fiscal apuesta por adoptar y supervisar esas medidas desde la propia fiscalía y en un procedimiento judicial, que permitiría a su vez la protección de los intereses de los perjudicados «pero únicamente cuando un menor de menos de catorce años cometiese algún delito muy grave», puntualiza.

En cuanto a la sensación de impunidad que transmite a la sociedad el hecho de que los delitos sean cometidos por menores, Jorge Fernández Caldevilla entiende que no es así, porque la justicia de menores «funciona correctamente y permite la adopción y cumplimiento de una medida en un plazo mucho más rápido y de manera más efectiva que en los tribunales ordinarios».