El área donde trabajaba la funcionaria destituida manejó 54 millones en dos años

Oviedo, J. A. A.
El departamento de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, donde trabajaba la jefa de servicio destituida de su puesto por supuestas irregularidades, manejó contratos por un importe de 54 millones de euros en las dos últimas anualidades. El caso llegará la próxima semana a la Comisión parlamentaria de Administraciones Públicas después de que el PP pidiera explicaciones e información al Gobierno regional sobre la supuesta contratación mediante procedimientos irregulares de servicios informáticos por un importe de más de 800.000 euros.

La Consejería de Administraciones Públicas consignó en el presupuesto de 2009 diferentes partidas para la contratación de servicios y aplicaciones informáticas por un importe de 32 millones de euros, mientras que las previsiones presupuestarias de este ejercicio en el área de Modernización, Informática, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información ascienden a 22 millones de euros. Fuentes de la Administración regional precisaron que la jefa de servicio de Procesos, M. R. A., apartada de su puesto hace dos semanas por supuestas irregularidades en las contrataciones, no habría intervenido en la totalidad de esos contratos, ya que en cada dirección general suele haber dos o tres jefes de servicio, que tienen como misión revisar si las empresas han cumplido el objeto de la licitación. La Dirección General de Modernización contrató el pasado año más de tres millones de euros en aplicaciones informáticas y también tenía diversas consignaciones, de cuantías menores, para material ordinario e informático catalogado como no inventariable. Fuentes cercanas al caso destacaron que uno de los mayores inconvenientes en el seguimiento de los contratos en los que pudo haber intervenido la funcionaria destituida era la comprobación de si realmente se prestaron los servicios que habían sido licitados.

La Consejería de Administraciones Públicas, que dirige Ana Rosa Migoya, puso fin a la vía administrativa en el mismo momento en que puso los hechos en conocimiento de la fiscalía. Días después trascendió que el Juzgado de instrucción número 4 de Gijón había decretado el secreto de las actuaciones, ya que tenía abiertas diligencias por una denuncia presentada por una mujer cuya cuenta bancaria recibió importantes ingresos que no pudo justificar ante la Agencia Tributaria.

La mujer investigada por Hacienda aseguró no tener conocimiento de dicha cuenta y presentó la correspondiente denuncia en los Juzgados de Gijón. De momento, la jefa de servicio destituida no ha sido llamada a prestar declaración en relación con estos hechos por parte del Juzgado instructor.