Oviedo / Madrid, P. G.
Las autonomías, incluida Asturias, rechazan los nuevos ajustes de gastos que les reclama la ministra de Economía, Elena Salgado, para reducir la deuda pública y cumplir con las normas de convergencia exigidas por la Unión Europea. Los gobiernos autónomos aseguran que ya no tienen mucho más margen de maniobra para recortar sus cuentas dado que hace tiempo que tienen «los deberes hechos». Vamos, que ya se han apretado el cinturón por adelantado. Así que, o Salgado lo desconoce o considera que aún se puede bajar otro par de agujeros en la pretina. Las autonomías basan su recorte en la reducción de la cifra de altos cargos y en la contención salarial del sector público.
El cierre de filas protagonizado por las autonomías se produce ante la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el asunto estrella que, sin duda, será el documento remitido a los gobiernos regionales para que todas las administraciones, en el caso asturiano el Principado y los 78 ayuntamientos, se sumen al plan de austeridad para recortar el gasto público en 50.000 millones de euros hasta 2013. De esta partida, 10.000 millones corresponde a autonomías y concejos.
El Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces, que cifra su ahorro en 170 millones desde finales de 2008, no se ha cansado de repetir que «hemos cumplido con los principios de estabilidad» y solicita que no se tenga «una concepción fundamentalista» del control del gasto, dado que «no pueden pagar justos por pecadores el despilfarro cometido por otros». Casi todas las comunidades españolas aseguran que ya han metido tijera en sus cuentas. Las que están en manos del PP, como Madrid, Valencia, Galicia o La Rioja, insisten en que han recortado el número de sus altos cargos, de las empresas públicas y congelado o reducido el sueldo de sus dirigentes. El Gobierno canario recortó su presupuesto en 112 millones de euros, y desde Navarra se asegura que tras dos años «apretándose el cinturón» se han ahorrado 150 millones. Desde el País Vasco, el Gobierno del socialista Patxi López asegura que atenderá las recomendaciones hechas por el Gobierno de Zapatero por orden de la UE. Y Castilla-La Mancha asegura que su plan ahorrará 415 millones. Economía baraja castigos para los indisciplinados.