Oviedo, Raquel L. MURIAS
Los tres sindicatos agrarios con implantación en Asturias (COAG, ASAJA y UCAPA) presentarán de forma conjunta un nuevo baremo de daños por ataques de especies cinegéticas ante la Consejería de Medio Ambiente del Principado. Y lo harán en menos de quince días. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, esta propuesta prima de forma especial los daños que se produzcan en fincas cerradas, con un incremento aproximado de alrededor del 10 por ciento sobre lo que se está abonando en la actualidad.
Asturias se acerca así a los modelos ya vigentes en otras comunidades autónomas del país, como, por ejemplo, Aragón, donde sólo se están pagando ya los daños que se producen en las fincas cerradas por sus propietarios. Los sindicatos del sector no quieren que se obligue a los agricultores asturianos a cerrar las fincas, pero consideran que es justo que se prime más a los afectados por ataques de animales salvajes en los terrenos que disponen de cierre. Las centrales agrarias confían en que la Consejería de Medio Ambiente defienda su propuesta ante los cazadores, para que, de esa forma, se apruebe este nuevo documento que, de contar con el visto bueno de las sociedades de caza, sustituiría al que está ahora en vigor, y que ya data del año 2007.
Además, las organizaciones sectoriales COAG, ASAJA y UCAPA también ha solicitado a la viceconsejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, que organice una reunión conjunta en que participen todas las partes afectadas. «Para poder acercar posturas, porque nosotros no sentimos a los cazadores como una amenaza del campo sino como una ayuda», manifestó la secretaria general de COAG en Asturias, Mercedes Cruzado. Según ha podido saber este periódico, los sindicatos agrarios de la región apuestan por unos precios que son superiores a los que están ahora vigor. El baremo que presentarán las centrales mantiene los precios que la Consejería intentó aprobar el año pasado pero que se quedaron en un mero borrador ante la negativa de las sociedades de cazadores, que aseguraban que los pagos de los daños cinegéticos y, sobre todo, de los producidos en las carreteras por accidentes con ejemplares de la fauna salvaje, los están llevando a la ruina económica.
El Gobierno del Principado se comprometió hace dos años -en febrero de 2008- a reformar y mejorar el sistema de indemnización y prevención de los daños ocasionados por la fauna salvaje en Asturias. La Administración aseguró entonces que iba a acordar con las organizaciones agrarias, en un plazo máximo de tres meses, una normativa de daños y establecer un protocolo para el aviso, revisión, tramitación y pago de los daños, y a publicar en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA), cada tres meses, un baremo confeccionado a partir de los precios de mercado de los productos dañados.
También quería el Principado crear una comisión de seguimiento que estaría integrada por tres representantes de la Consejería y uno de cada organización agraria. Pero las intenciones del Ejecutivo no se materializaron, por lo que ni los ganaderos ni los cazadores están conformes con el baremo en vigor y piden una reforma. Mientras que las sociedades de caza aseguran que uno de cada cuatro colectivos de este tipo no puede hacer frente a los pagos, los ganaderos creen que los precios son irrisorios y denuncian que en muchas ocasiones no se llegan a cobrar las primas por daños.
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