El Tribunal Supremo ha dictado un auto que rechaza el recurso de casación interpuesto por UGT y CCOO contra la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anulaba el modelo de carrera profesional pactado por el Gobierno con ambos sindicatos.
La resolución del Alto Tribunal estima que la sentencia impugnada versa sobre una cuestión de personal -la adhesión o no de los empleados públicos a la carrera profesional- en la que no está en juego el nacimiento o la extinción de relación de empleo público alguno y que se encuentra excluida del recurso de casación.
Según el Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies, la decisión del Supremo deja "claro" que la sentencia del TSJA sólo anulaba la resolución de la convocatoria, pero no el acuerdo previo del Gobierno que obligaba a pagar este complemento a todos los empleados con cinco años de antigüedad sin necesidad de solicitud previa.
Para este colectivo, los trabajadores de la administración no tenían, por tanto, que devolver ninguna cantidad que hubieran cobrado "porque la vigencia de dicho acuerdo no estaba en discusión, ni podía ser afectada por la decisión del Tribunal Supremo".
A su juicio, las "prisas" para legalizar la convocatoria anulada por la Justicia no se debían "realmente" al deseo de evitar la devolución de lo pagado sino que tenían el objetivo de impedir el cobro retroactivo a los trabajadores "que decidieron libremente no cumplir la exigencia caprichosa de firmar un cheque en blanco".
El auto del Supremo supone también, según el Conceyu, que la sentencia del TSJA debió ser firme y plenamente ejecutiva desde esa fecha "por lo que la propia sala de lo contencioso-administrativo sale también malparada al ofrecer la posibilidad de interponer u recurso de casación, que no era legalmente procedente".
El pago de la carrera profesional con carácter retroactivo a los más de 2.400 empleados públicos del Principado, entre docentes y trabajadores de la administración regional, que no se adhirieron a este sistema de incentivos tendría un coste aproximado de casi 16 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno.
A juicio del Ejecutivo, la retroactividad en el cobro de estas cantidades para los empleados públicos que renunciaron a la carrera profesional a pesar de cumplir los requisitos, y que el resto viene percibiendo desde hace cuatro años, sería "ilógica" dado que este colectivo renunció voluntariamente a adherirse a la misma.
Tras la modificación de la Ley de Función Pública y la aprobación de una nueva normativa para el personal docente aprobada por la Junta General el pasado mes de diciembre, el Ejecutivo anunció que abriría un nuevo procedimiento para que pudieran sumarse los trabajadores que optaron por quedarse fuera.
La incorporación de todos los trabajadores que quedaron fuera del sistema -el 16,5 por ciento en el caso de los docentes y el 18,61 por ciento en el caso de resto de funcionarios o personal laboral de la administración autonómica- supondría para el Gobierno un coste adicional de 5,2 millones de euros anuales respecto al que supone la carrera profesional desde su implantación.
La entrada en vigor de la Ley a comienzos de 2010 permitió, según el Gobierno, acabar con la "incertidumbre" de los 14.000 trabajadores que ya recibían este complemento salarial -que oscila entre los 56 y los 208 euros mensuales- al garantizarse que no tendrán que devolver lo percibido y que lo seguirán cobrando. EFE
