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La gestión de los cargos públicos
Supuestas irregularidades 

El PP cree que «el desmadre» en la Consejería de Migoya «es muy grande»

Los populares aseguran que «es mucha casualidad» que sea la segunda ocasión en la que la Consejera tiene «problemas con un jefe de servicio»

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Ramón García Cañal y Ana Rosa Migoya, en la Junta General.
Ramón García Cañal y Ana Rosa Migoya, en la Junta General. archivo
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Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

«El desmadre» en la Consejería de Administraciones Públicas, que dirige la socialista Ana Rosa Migoya, «es muy grande», denunció ayer el PP en la Junta General del Principado. Los populares analizan así la destitución, hace cuatro semanas, de una alta funcionaria (la jefa de servicio de procesos administrativos) por unas supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos, por un valor aproximado de 800.000 euros, a una única empresa de la que es socia y administradora única.

El PP asegura que no es la primera vez que Migoya, que además ejerce como portavoz del Gobierno de Vicente Álvarez Areces, tiene un problema con un jefe de servicio a su cargo. Desde el PP no se olvida la denuncia presentada a comienzos del año pasado por el diputado Ramón García Cañal, y archivada por la fiscalía anticorrupción, contra Alejandro Alcázar, jefe de la unidad técnica de Arquitectura durante la etapa de Migoya como consejera de Cultura. «Es mucha casualidad que a los jefes de servicio de Migoya les pase esto. Por cierto, dos jefes de servicio que aparecían muy poco por la Consejería», apuntó ayer García Cañal. La funcionaria ahora imputada, y que fue destituida de su cargo después de que se presentara una denuncia contra ella en un Juzgado gijonés, también formó parte de la Consejería de Cultura en la etapa de Migoya, con la que se trasladó a Administraciones Públicas tras las elecciones de 2007.

El diputado popular entiende que las supuestas irregularidades cometidas por la funcionaria podrían haberse descubierto con los sistemas de control con los que cuenta la Administración para evitar casos de estas características, pero lo pone en duda dados los antecedentes. «Podría ser que una denuncia de este tipo salga por la labor vigilante de la Consejería, pero, por lo que se ve, estaba pasando desde hace tiempo. Esto puede sugerir que lo que ocurre es que el desmadre (en la Consejería de Administraciones Públicas) es muy grande», aventuró García Cañal.

Para este diputado regional del PP, lo ocurrido en el caso de la jefa de servicio adscrita a Administraciones Públicas va mucho más allá de los 800.000 euros que supuestamente podrían haber salido de las arcas del Principado de manera irregular. García Cañal entiende que los mecanismos de control establecidos en la Consejería de Administraciones Públicas no sólo han fallado, si no que cree que podría no haberlos. «Ya no es el caso concreto de la funcionaria, sino del entorno de la Consejería, que ha facilitado que se produzca este caso, por lo que puede ser una clara falta de control», afirmó García Cañal.

Además, los populares aseguran que Ana Rosa Migoya no ha sido suficientemente clara a la hora de explicar los motivos por los que no ha comparecido ante la Junta General para informar del caso de la funcionaria. Migoya aseguró el pasado miércoles que no compareció ante el Parlamento porque la petición realizada por el PP no llegó a plasmarse en el orden del día de la Comisión de Administraciones Públicas que se celebró a comienzos de esta semana. Migoya se comprometió a solicitar ella misma su comparecencia «en cuanto se levante el secreto judicial sobre el caso».

García Cañal asume que, dados los argumentos esgrimidos por la Consejera, hubiera sido «una pérdida de tiempo» haberla citado. «Si la Consejera dice ahora que accede a informar, no debía haber enviado un escrito a la Cámara diciendo que vendría para decir que el asunto está bajo secreto de sumario. Conociéndola, vendría para no abrir la boca», apuntó el diputado popular.

El caso de la jefa de servicio de la Consejería de Migoya trascendió cuando su relevo fue publicado en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA). Una vez descubierto el relevo, la Consejería reconoció que éste se había producido tras descubrir «irregularidades administrativas en las que se aprecia un posible delito». El Principado denunció los hechos ante la fiscalía, que se inhibió porque un Juzgado de Gijón ya tenía abierta una investigación.

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