Oviedo, J. L. SALINAS

Pablo GONZÁLEZ

El coste por cada funcionario del Principado (incluye salarios y cotizaciones sociales) creció en la última década en 27.840 euros al año para los trabajadores de organismos como el Servicio de Salud Público del Principado (Sespa) y otros entes regionales y hasta en 13.500 euros por cada empleado del resto de la Administración regional (administrativos y profesores).

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que el coste medio por trabajador en Asturias en 2009 fue de 32.230 euros, unos 8.500 euros por debajo del coste de un funcionario de la Administración general y 18.000 euros menos de lo que cuesta de media un trabajador público del Sespa y otros entes públicos.

Este es uno de los motivos que han llevado al Principado a tratar de recortar el empleo público, de igual modo que lo está haciendo el Gobierno central dentro del plan de reducción del gasto y control del déficit público. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero anunció anteayer una reducción drástica de las plazas de funcionario que ofertará este ejercicio, que pasan de las 18.000 de 2009 a las 4.000 de este año. Esta decisión se ha encontrado con la respuesta de las centrales sindicales. Justo Rodríguez Braga, secretario general de IUT, aseguró ayer que «tenemos un acuerdo con la Administración pública y queremos que se cumpla. Ahora el Gobierno presenta un plan de austeridad que no hemos firmado y que consideramos que no es el camino. Deben respetarse el número de plazas públicas que ya estaban convocadas para poder atender de forma correcta a los servicios públicos».

Por su parte, el Sindicato Unificiado de Policía de Asturias calificó de «gran equivocación» la oferta de Zapatero de 222 plazas de agentes para toda España.

El Principado, a pesar de la indignación de los sindicatos, sólo ofertará para toda la Administración 120 plazas, todas para profesores de Educación Secundaria. Y es que el Principado se ha propuesto llevar a rajatabla la contención del gasto público en esta materia, ya que sólo en el último lustro el gasto en personal se incrementó un 30 por ciento, mientras que en el mismo período de tiempo el IPC aumentó el 12,3 por ciento, algo menos de la mitad. Por eso, y además de congelar la oferta pública de empleo, ha comenzado a no cubrir bajas y a amortizar puestos por jubilaciones. Sólo este año se calcula que se jubilarán 1.200 funcionarios, y que hasta 2012 lo harán unos 3.000. Esto permitirá al Principado ahorrarse en este tiempo 240 millones de euros.

El Gobierno regional es consciente del peso del coste de los funcionarios en el presupuesto del Principado (1.661 millones de 4.428). Los 35.781 trabajadores con los que cuenta la Administración regional se llevan el 36 por ciento de los dineros con los que cuenta la autonomía.