El consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre, comprometió hoy una ayuda económica individual a los escolares que se desplacen desde mañana a los centros de enseñanza pública utilizando medios de transporte alternativos. Destacó que se trata de la primera vez que se arbitra una de estas ayudas en Asturias y aclaró que se hace para garantizar el derecho de los alumnos a la educación.
Así lo anunció hoy en rueda de prensa ante el anuncio de las patronales de transporte de viajeros Astra, Asvipmet y CAR de la suspensión de los servicios de transporte escolar a partir de mañana. Las patronales sostienen que la Consejería incumplió el acuerdo por el que se comprometía a aplicar a partir de septiembre de 2008 un incremento sobre el precio de los contratos de transporte escolar.
Iglesias Riopedre consideró hoy que se trata de una huelga "claramente ilegal" porque las patronales firmaron un contrato con la Administración que prohíbe la huelga. "Caerá sobre ellos todo el peso de la ley", anunció.
El responsable de Educación aseguró que los centros permanecerán abiertos y los profesores en sus puestos de trabajo. La huelga podría afectar a cerca de 900 rutas y a unos 15.000 alumnos. "Pensamos que no es general, pero no lo sabemos", puntualizó la directora de Centros, María Jesús Otero.
En relación a las acusaciones vertidas por la patronal, Riopedre aseguró que "no hay nada firmado" y precisó que en 2008 hubo conversaciones con las empresas acerca del nuevo contrato escolar. En el transcurso de las mismas, se habló de planificar medidas si el precio del combustible se mantenía. Sin embargo, -precisó- "bajó más de un uno por ciento".
Posteriormente, dijo que el 17 de marzo habían sido recibidos por la directora general de Centros. En el encuentro, "se les aclaró que no habría subida en el contrato porque no se puede hacer una vez firmado" y se barajó buscar medidas en forma de subvenciones. Por último, se les convocó a una reunión para el jueves, día 8, que rechazaron porque "tenía que ser antes del inicio de las clases".
MEDIDAS LEGALES
"No vamos a dejar que se nos chantajee; la legalidad del contrato exige que se cumpla, independientemente de nuestra buena voluntad", subrayó. "No estamos desarmados ni legalmente, ni para la continuidad del servicio", explicó.
El titular de la Consejería explicó que se interpondrán denuncias por incumplimiento de contrato, que, alertó, pueden culminar con la suspensión. "Cualquier empresa sabe lo que significa romper unilateralmente el contrato", advirtió. "Estamos ante una medida de presión muy fuerte a la que yo llamo simple y puramente chantaje", lamentó.
EUROPA PRESS
18:17
IMPRIMIR PÁGINA »
AUMENTAR TEXTO »
REDUCIR TEXTO »
