La financiación ilegal sale gratis al político

Oviedo, L. Á. VEGA /
J. A. ARDURA
El «caso Gürtel», que salpica de pleno a miembros del PP, ha despertado de nuevo el fantasma de la financiación ilegal de los partidos. La legislación española establece como única sanción una multa por el doble de la cantidad que se haya percibido de forma fraudulenta, que en todos los casos se descuenta de la subvención estatal anual que reciben las formaciones políticas. ¿Cabe un endurecimiento de la legislación contra la financiación ilegal? La mayor parte de los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA consideran que sí deberían ponerse más frenos, con sanciones mucho más cuantiosas, estableciendo una responsabilidad personal de los administradores de las formaciones políticas o incluso privando a los partidos de la financiación pública. Pero también añaden que es imposible que la ley sea más dura, por la simple razón de que son representantes de los propios partidos quienes ejercen el poder legislativo.

Un vistazo a la evolución de las leyes de financiación de partidos sitúan el problema en sus verdaderos términos. «La de 1987 era un coladero», sentencia Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, autor del volumen «Los partidos y las distorsiones jurídicas de la democracia». «Cuando esa ley estaba en vigor, el Tribunal de Cuentas decía que todos los partidos incurrían, más que en una financiación ilegal, en una que podría calificarse de alegal, ya que se nutría de fuentes no previstas, como los grupos parlamentarios, los entes locales o incluso los bancos, que condonaron 190 millones de euros a las formaciones políticas antes de la entrada en vigor de la nueva ley, en 2007», añadió Presno.

La reforma de 2007 optó por el camino de en medio. «Los partidos, de común acuerdo, legalizaron que los bancos condonasen las deudas de los partidos, hasta diez millones de euros, pero no establecieron nuevos mecanismos disuasorios», resumió el profesor. «Son los propios partidos los que tienen que cambiar las leyes y hay un cierto halo de comprensión respecto a esta infracción, ya que todos tienen los mismos problemas económicos», aseguró.

El profesor rompió una lanza en favor de los miembros del Tribunal de Cuentas, pese a que son nombrados por el Congreso, con el consenso de los grandes partidos. «En general son rigurosos, pero se encuentran con grandes dificultades. En primer lugar, ahora está revisando las cuentas de los partidos de 2006, esto es, con cuatro años de retraso. Además, los partidos, y hasta los propios bancos, son reticentes a facilitar toda la información», indicó.

Presno opina que debe haber sanciones más cuantiosas -por ejemplo, obligar al pago del décuplo de las cantidades percibidas de forma fraudulenta- e introducir una responsabilidad personal de los contables de los partidos.

Pero será muy difícil endurecer la ley. «Se hace necesario un escándalo de gran magnitud, como el que afectó a la CDU alemana. Es difícil que el "caso Gürtel" sea ese desencadenante, sobre todo porque, más que financiación ilegal, que ha podido haberla en Valencia y Galicia, lo que se ha producido es un enriquecimiento ilícito por parte de cargos públicos», opinó Presno. Una prueba de la manga ancha respecto a la financiación ilegal de los partidos es que el «caso Filesa» del PSOE «terminó pasando desapercibido» en términos electorales.

Otro partidario de endurecer la financiación ilegal de los partidos es Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. «Podría constituir un delito, puesto que distorsiona el sistema democrático, al establecer una competencia desleal entre los partidos y romper el principio de igualdad de armas». Bastida aboga por sanciones más graves. «Si se demostrase que un partido ha obtenido fondos de forma ilegal, podría privársele de la financiación pública», apuntó.

Respecto a los controles actuales sobre la financiación ilegal, Bastida se mostró reticente. «El problema del Tribunal de Cuentas es que no ofrece una imagen de imparcialidad. Quizá sus miembros lo son, pero el hecho de que sean nombrados por el Congreso, con el consenso de los grandes partidos, siempre suscita sudas sobre su independencia», opinó. Para el catedrático, habría que arbitrar un sistema distinto de elección, y no sólo para el Tribunal de Cuentas, sino también para el Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. «El sistema actual es muy perturbador, perjudica al sistema democrático», sentenció.

Para Bastida, «hay claros indicios de financiación ilegal del PP en el "caso Gürtel", independientemente de que el tesorero Bárcenas se llevase su parte».

Por su parte, Javier Gustavo Fernández Teruelo, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, discrepó respecto a que en el «caso Gürtel» haya indicios de financiación ilegal. «Hay más bien delitos como el cohecho (el vulgar soborno de cargos públicos), el blanqueo de capitales o la falsedad, que, en conjunto, pueden conllevar penas de hasta diez o quince años de prisión», opinó. Según el profesor, «este último tipo de delitos ya está fuertemente penado por la legislación, y la nueva reforma del Código Penal endurece las sanciones por cohecho».

En cuanto a la financiación ilegal de los partidos, el profesor considera que es una infracción «relevante, porque atenta contra las reglas del juego de la democracia, pero no lesiona un bien de excepcional importancia, por lo que no cabe un endurecimiento de la ley». Fernández Teruelo indicó que, en otros países, como Estados Unidos, hay mayor «flexibilidad» en cuanto a las donaciones a los partidos. Los límites son más amplios y se hacen donaciones multimillonarias», dijo.

El profesor de Derecho Penal Luis Roca Agapito afirmó que «se hacen necesarios órganos de control independientes, puesto que no basta con dejarlo en manos de la dirección de los partidos, que no vigilan bien o se descuidan». Pero el profesor se mostró pesimista respecto a una reforma de la ley de Financiación de Partidos que evite nuevos escándalos. «Los partidos políticos son también los legisladores, y debe haber un consenso para establecer medidas preventivas», indicó.

Roca opinó que delitos como la malversación o el cohecho están «bien castigados» o en vías de serlo con la nueva reforma de Código Penal que se está tramitando. «Es cierto que el soborno de cargos públicos estaba hasta ahora poco castigado», indicó. Pero también señaló que de nada sirven penas más fuertes si no hay medios para perseguir estas prácticas ilegales.

«Hay un cierto halo de comprensión en los partidos políticos hacia la financiación ilegal»
Miguel Ángel Presno
Profesor Dcho. Constitucional

«La financiación ilegal de los partidos no lesiona un bien de excepcional relevancia»
Javier G. Fernández Teruelo
Profesor Derecho Penal

«Si un partido obtuviese fondos ilegales podría privársele de la financiación pública»
Francisco Bastida
Catedrático Dcho. Constitucional