Oviedo, L. Á. VEGA

Los escándalos de corrupción están motivando que los ciudadanos pierdan su confianza en los políticos, pero generalizar «es una injusticia y un error», según el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez (Benavides de Órbigo, León, 1933), que ayer se reencontró con la Universidad de Oviedo, en la que se licenció en Derecho en el año 1957. Núñez, ministro de Sanidad y Consumo con Calvo-Sotelo, llamó a los partidos a incrementar los controles internos para poner freno a la corrupción que golpea especialmente a la clase política en estos últimos tiempos. «Todos los partidos deben ponerse de acuerdo para reformar no sólo la ley de Financiación de 2007, que no ha dado respuesta a los problemas surgidos, sino también la ley Electoral».

Para Núñez, a la luz de los datos de la «trama Gürtel» que se han conocido, «no ha habido financiación ilegal del PP, sino unos presuntos corruptos que escandalizan, y que se han aprovechado de las clásicas corruptelas del poder, la influencia y el clientelismo, y eso es lo que deben evitar los partidos».

Núñez acudió al edificio histórico de la Universidad de Oviedo para participar en los actos organizados por la Facultad de Derecho con motivo de la festividad de San Raimundo de Peñafort, patrono de los juristas y los abogados. Ante el rector, Vicente Gotor, y el decano de Derecho Ramón Durán, Núñez rememoró, con la voz quebrada por la emoción, su paso por las aulas ovetenses. El acto concluyó con la entrega de los diplomas a los licenciados del curso 2008-2009.

El presidente del Tribunal de Cuentas vino a hablar de ética y de política, un tema elegido antes del último chaparrón del «caso Gürtel», pero muy adecuado a los tiempos que corren. «Por desgracia, hace falta una gran dosis de ética y de transparencia en la gestión pública, que son la base de la credibilidad y la confianza de los ciudadanos», indicó el jurista, antes de su conferencia.

Hace falta un revulsivo, vino a decir Núñez. «Los partidos deben modificar sus propios controles internos, fijarse mucho en qué candidatos seleccionan, evitar el clientelismo, ser austeros y transparentes en los gastos. Y deben apoyar, todos juntos, una reforma tanto la ley de Financiación de partidos políticos, que no ha dado respuesta a los problemas surgidos, como se puede comprobar, como a la propia ley Electoral», señaló.

El veterano jurista, presidente del Tribunal de Cuentas desde 2007, opinó que «los códigos penales ya recogen penas suficientes para los corruptos». No obstante, hacen falta sanciones y establecer otro tipo de responsabilidades por cuestiones como la financiación ilegal de los partidos, una tarea que ha sido «adjudicada» al Tribunal de Cuentas, pero que «aún no ha sido suficientemente perfilada». Más que de la coerción, Núñez se mostró partidario de «las medidas preventivas, que eviten zonas de opacidad legislativa, de lagunas, con el fin de impedir las corrupciones», indicó.

Por lo que se refiere a la financiación ilegal de los partidos, el presidente del Tribunal Constitucional reconoció algunos problemas mínimos. «Hay algunos fallos, por eso estamos trabajando en una moción que presentaremos pronto en el Congreso para que el deber de colaboración no tenga vías de escape», indicó. Se refería con ellos a las pegas que ponen algunos bancos y proveedores a facilitar información adicional a la aportada por los partidos. No obstante, «en el último informe de la campaña electoral de 2008, los proveedores y los bancos atendieron con todo detalle las peticiones de complemento de información», indicó. Y citó algunos partidos que han sido sancionados o propuestos para sanción, que no son precisamente PSOE y PP, sino CiU o Nafarroa-Bai, entre otros. «La financiación ilegal se da cada vez menos, los fallos son cada vez más insignificantes», añadió. «Si alguien cree que se está ocultando algo, que lo denuncie», pidió.

Una cosa son los corruptos y otra, los partidos. «No puede extenderse a toda la clase política la responsabilidad personal y particular que recae únicamente en los corruptos, es una injusticia y un error. A los partidos los necesitamos como fabricantes y portadores de pluralismo político, son los garantes de nuestro sistema de libertades», sentenció.

Hace unos días, Francisco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, llamó la atención sobre la imagen de falta de independencia del Tribunal de Cuentas, que se nutre de antiguos políticos, y abogó por un nuevo sistema de elección. Núñez rompió una lanza en favor de la independencia del Tribunal. «Los doce consejeros del pleno somos elegidos por el Congreso y el Senado, con una mayoría cualificada importante, tres quintos, por lo que ningún grupo puede permitirse el lujo de empecinarse en su propio candidato, tiene que consensuarlo», señaló.

Además, «los consejeros se eligen por un período de nueve años, por lo que fiscalizan gobiernos de distinto color». Hay además un examen para dirimir la idoneidad de los candidatos y, lo más importante, «cada cual asume el compromiso de su independencia con arreglo a la Constitución». Pese a la procedencia heterogénea de los consejeros, «la mayor parte de las fiscalizaciones se ha aprobado por unanimidad, afirmó Núñez. Y finalizó: «El sistema no es malo, es uno de los que garantizan más la independencia».