Garzón, en el laberinto de la transición

VÍCTOR LUIS ÁLVAREZ ASOCIACIÓN MEMORIA HISTÓRICA DE ASTURIAS Hoy, sábado, día 24, está convocada en Gijón una concentración en apoyo del juez Garzón, somos muchos los que discrepamos de algunas actuaciones de ese juez, pero ante la ofensiva franquista no cabe otra posición que apoyar dichas concentraciones.

Los que estamos agrupados en la estrategia jurídica del Equipo Nizkor para acabar con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad del franquismo, que pasa por el derecho internacional, las leyes de Nuremberg y las resoluciones de la ONU, no compartimos el camino legal iniciado por Garzón, ya que conociendo el percal de este país presentíamos que iba a abocar, como así fue, a un callejón sin salida.

Fue la extrema derecha, Falange y Manos Limpias, quienes tiraron la piedra, temerosos de que el tenebroso y sangriento pasado de sus antecesores fuese hecho público en toda su extensión, pero fueron los redactores de la ley de la memoria (ley 52/2007) y quienes la aprobaron en el Parlamento los que posibilitaron esta actuación.

Por mucho que cierto sector del PSOE y los afines a Gaspar Llamazares de IU quieran justificar esa ley, basta con transcribir unos párrafos del auto con el que el juez Varela inculpa a Baltasar Garzón para comprender que esa ley, injusta e insuficiente, es la causa fundamental de las desdichas que vive hoy el juez Baltasar Garzón.

Los párrafos transcritos del auto de procesamiento al juez Garzón emitido por el juez Varela son los siguientes:

«Tras recibir, inicialmente, siete denuncias, el querellado decide incoar, en diciembre de 2006, un procedimiento criminal, sin determinar su concreto objeto y congelando de facto su efectiva tramitación, pese a la pronta ratificación de algunas de aquellas denuncias».

«Una vez aprobada la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, (llamada Ley de la Memoria) y pese al informe contrario del Ministerio Fiscal (febrero de 2008), decide, en junio de 2008, superar la limitación que dicha ley imponía a la colaboración de los poderes públicos en la localización e identificación de las víctimas de la Guerra Civil española y dictadura que le siguió, intentando asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar llevada a cabo por el franquismo. Todo ello dentro de un proceso penal cuya artificiosa incoación suponía desconocer principios esenciales del Estado de Derecho, como los de legalidad penal e irretroactividad de la ley penal desfavorable, además de implicar el desconocimiento objetivo de leyes democráticamente aprobadas, como la Ley de amnistía 46/1977».

«De lo que se evidencia que durante la llamada transición se creo un entramado legal, aún persistente, en este país, para continuar amparando la impunidad de los crímenes del franquismo, como prueba existen documentos de organizaciones muy reputadas como el citado equipo Nizkor que lo vienen demostrando».

«El régimen franquista, ya fue condenado en la ONU al final de la 2GM, y sus delitos deben de ser juzgados según el derecho internacional, ya que son crímenes de lesa humanidad y no prescriben. Por lo que son de aplicación leyes como las de Nuremberg y demás similares».

Nosotros siempre defendimos que el Estado español estaba obligado a aplicar las leyes internacionales que el propio Estado había firmado, con la aplicación de esas leyes no sería precisa ninguna ley española adicional, pero esas leyes ya aplicadas contra el fascismo en toda Europa son demasiado fuertes para ser digeridas por el estomago de nuestros gobernantes y sus aliados.

Por ello seguiremos con nuestra reivindicación básica: verdad, justicia y reparación.