Oviedo, P. G.
El PP considera que la creación por parte del Gobierno regional de la categoría de coordinador-asesor responde a una política de «pagos de favores de un Gobierno en fuga como es el de Areces». Los sindicatos habían denunciado que la puesta en marcha de esta categoría, con cien funcionarios elegidos «a dedo» y un coste de 5 millones de euros, sirvió para crear «una élite funcionarial de adeptos al poder»,
Ayer, Ovidio Sánchez, presidente del PP en Asturias, resaltó que el diseño de la política de personal de la Administración del Principado «acaba con la carrera profesional del funcionario para sustituirlo por una liga de amiguismo».
«Es algo que venimos denunciando hace tiempo y que va muy en la línea de la política de Areces, primero fueron los chiringuitos y ahora toca premiar los fieles», añadió Sánchez. El líder de los populares lamenta que esta «política clientelar, además de ser la más cara, debilita la profesionalidad dentro de la Administración».
Sánchez insistió en su argumento de que «en el fondo estamos asistiendo a las decisiones de un Gobierno jubilado, en huida, que está agradeciendo los servicios prestados a unos cuantos». Todo ello en pleno debate sobre la necesidad de recortar el gasto público dentro del plan contra el déficit diseñado por la ministra de Economía Elena Salgado e impuesto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por la Unión Europea (UE).
Por eso Sánchez considera que el Ejecutivo que preside el socialista Vicente Álvarez Areces ha entrado en la fase de «tierra quemada para hacer difícil la gestión a los que vengan detrás. Habrá que tomar medidas absolutamente drásticas».
Mientras, el Gobierno regional mantuvo ayer silencio. Desde la Consejería de Administraciones Públicas, responsabilidad de la socialista Ana Rosa Migoya, se eludió hacer valoraciones sobre la creación de la categoría de coordinador-asesor. Y desde Presidencia se remitió a esta Consejería, que también ejerce la portavocía del Gobierno regional que preside Vicente Álvarez Areces. Tampoco IU, socio en el Ejecutivo asturiano del PSOE, quiso entrar a valorar la cuestión y también se remitió a lo que se tenga que decir desde la Consejería de Administraciones Públicas.