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Según Migoya

Los aprobados en una oposición recurrida deben esperar una sentencia firme

Una opositora presentó una demanda en 2006 porque dieciséis de las sesenta preguntas no formaban parte del temario de una oposición a la administración

 18:57  
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El Gobierno regional sigue a la espera de una sentencia firme de los tribunales sobre la situación de los 110 operarios de servicio de la administración que aprobaron una oposición en 2006 y cuyas plazas se vieron amenazadas por los sucesivos recursos presentados por una de las opositoras.

Los recursos presentados pedían a los tribunales que considerasen que dieciséis de las sesenta preguntas no formaban parte del temario de la segunda prueba de la oposición, a la que concurrieron 6.853 aspirantes, y en la que fueron elegidos los 110 operarios que desde entonces realizan su trabajo al servicio del Principado.

"No hay sentencia firme y hasta que no la haya no hay caso", ha subrayado hoy la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, que ha incidido en que la recurrente ha planteado un nuevo recurso contra la administración y contra los opositores aprobados durante su comparecencia ante la comisión correspondiente de la Junta General para informar sobre este asunto a petición del PP.

Según Migoya, el "tortuoso" trámite judicial planteado por la demandante "en el que ni los tribunales se ponen de acuerdo y dictan sentencias contradictorias" impide dar cumplimiento a la moción aprobada por la Junta General que pedía que la cuestión se resolviese sin perjuicio para los opositores aprobados.

"Los aprobados están aprobados y trabajando y las suspendidas, siguen suspendidas", ha subrayado la consejera antes de recordar que los tribunales han advertido en sus sucesivas resoluciones de que la administración no puede tomar "ninguna decisión" hasta que el ámbito judicial no se pronuncie de forma definitiva.

Para la diputada del PP Ana Barrientos, el Gobierno "deja pasar el tiempo sin dar una solución" a los 110 trabajadores que superaron la oposición y que ocupan su plaza desde 2006 y para los que ha emplazado a buscar una fórmula que les dé "la seguridad de que no van a ser echados sea cual sea la resolución de los tribunales".

Según Barrientos, esta situación deriva "de un problema generado por el Instituto Adolfo Posada tanto en las materias como en la composición del tribunal como en la manera de calificar y que en modo alguno corresponde a los opositores que se presentaron". EFE

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