Oviedo, P. G.

La parte socialista del Gobierno regional y los responsables del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) cerraron ayer filas en torno al contenido del informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas sobre la cuenta general del Principado correspondiente al ejercicio de 2008.

Por un lado, Jaime Rabanal, consejero de Economía y Hacienda, lamentó ayer que la Sindicatura no valorara las alegaciones presentadas al informe. Algo que, según Rabanal, se viene repitiendo desde hace unos años. «Hemos formulado unas ochenta páginas de alegaciones que no se han tenido en cuenta, como en los años anteriores», aseguró el Consejero. Por otro lado, desde el Sespa se asegura que en el informe los síndicos no hacen mención alguna «a artificios contables» para cuadrar sus cuentas de 2008, ni que el servicio «haya tratado de disimular desfase presupuestario alguno».

En el informe, entre otras cosas, se señala que el Sespa se excedió en 157 millones sobre lo presupuestado para ese año, sin que quedara contabilizado en la cuenta de ese ejercicio, aplazando el reconocimiento de 68 millones en gastos. Además, la auditoría refleja que el trabajo de los auditores «se ha visto afectado» por una serie de limitaciones al no recibir toda la información necesaria. Desde el Sespa se asegura que es el propio organismo quien pone en conocimiento de los síndicos «que el importe total de obligaciones pendientes de imputar en 2008 fue de 157 millones». Y el Sespa añade: «Esta circunstancia es absolutamente incompatible con los intentos de ocultación, maquillaje o disimulo».

Mientras, Jaime Rabanal manifestó que «hay que distinguir entre el informe de la Sindicatura y las interpretaciones del mismo. No es verdad que el Sespa no esté controlado». Además, y sobre la limitación señalada en el informe de la Sindicatura acerca de la imposibilidad del acceso informático de los auditores a los datos del ejercicio de 2009, Rabanal resaltó que el trabajo de la Sindicatura se centraba en el año 2008. «Cada uno tiene que saber cuáles son sus responsabilidades. No se puede señalar que hay limitaciones por no poder ver la contabilidad de 2009», afirmó.

Y Rabanal prosiguió: «La Sindicatura sólo hace auditorías, y eso son hechos. No fiscaliza permanentemente, eso lo hace la Intervención General. Y por eso (la Sindicatura) sólo controla el año en curso. No es una opinión, está en la ley de la Sindicatura».

Rabanal también defendió otro de los puntos que se destacan en el informe, como la ausencia de un plan sobre los objetivos que deben alcanzar los proyectos subvencionados con el dinero de las arcas regionales. «La memoria de los Presupuestos señala claramente cuáles son los objetivos de las subvenciones, por lo que hay un plan estratégico. Hay conocimiento por parte de la Sindicatura y del Parlamento de todos los datos», subrayó.

Mientras, desde los grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado las reacciones ante las conclusiones y las recomendaciones del nuevo informe de la Sindicatura de Cuentas, muchas de ellas repetidas porque ya aparecen en otras fiscalizaciones, fueron variopintas. Desde el Grupo parlamentario Socialista se guardó silencio. Mientras, desde IU, socio del bipartito regional que preside el socialista Vicente Álvarez Areces, se asumieron ciertos aspectos, aunque con matices.

De mano, los grupos políticos, aunque el informe ya está en la web, no han recibido el texto por la vía ordinaria. Aun así, Jesús Iglesias, líder de la coalición de izquierdas en Asturias, afirmó que «es cierto que durante una serie de años el presupuesto de Sanidad no reflejaba las necesidades reales y que esto no se acabó de corregir hasta el año pasado». Iglesias se refiere a la modificación presupuestaria que se realizó en 2009 para dotar al Sespa con 100 millones de euros más, dado su desfase entre gastos y provisión de fondos. Al tiempo, y sobre las limitaciones de información, el coordinador general de IU rememoró que «siempre hemos apoyado que a la Sindicatura de Cuentas se le traslade toda la información que necesite» y que apoyan «todas las iniciativas que fomenten la transparencia».

Por su parte, a Ovidio Sánchez, presidente del Partido Popular (PP) en Asturias, no le sorprendió el contenido del informe «porque es algo que ya hemos denunciado varias veces». Para el dirigente popular, el contenido de la auditoría es una prueba «del descontrol que hay en la Administración. Es una foto fija de lo que ocurre». Para Sánchez, el diagnóstico de los síndicos deja al descubierto que «hay muy poco respeto a la norma» y que el Gobierno «sólo busca la justificación en lugar de la eficacia».