El gasto de personal público se «camufla» en empresas del Principado, según los sindicatos

La Junta de Personal del Principado, sindicatos y colectivos de funcionarios acusan al Gobierno regional de utilizar a empresas públicas dependientes de la Administración autonómica para adelgazar sus gastos ordinarios de personal. Según los representantes de los trabajadores, la medida se engloba dentro de un proceso general de privatización de servicios, que ya sería casi total en las áreas de «informática, limpieza y mantenimiento de carreteras». A su juicio, el objetivo último del Ejecutivo pasa por «camuflar las partidas presupuestarias de personal» en pleno período de ajuste de empleo público a causa de la crisis económica.

Según los portavoces de los trabajadores, la medida no conlleva alivio alguno para las arcas autonómicas, pues las partidas que desaparecen del capítulo presupuestario de personal aparecen reflejadas en otros epígrafes de gasto. Además, las centrales denuncian que el aumento de las privatizaciones y el incremento de las empresas públicas coinciden en el tiempo con importantes recortes de plantilla en determinadas áreas de la Administración. Todo ello estaría produciendo una «merma muy importante» de la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

Según José Luis González, presidente de la Junta de Personal y responsable de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado (USIPA), el proceso privatizador en la Administración autonómica «comenzó hace años, se intensificó durante el pasado ejercicio y cada vez va a más, hasta el punto de que ya es generalizado». A su juicio, estamos ante una práctica con la que «se trata de engañar a los ciudadanos, haciéndoles ver que se está recortando mucho el gasto en empleo público, cuando, en realidad, las mismas labores se encargan a firmas privadas o a personal contratado a través de las numerosas empresas públicas que dependen directamente del Principado».

A este respecto, González anuncia ya que su organización sindical ha emprendido una investigación para conocer el verdadero alcance del «aumento de contrataciones» que aprecia en algunas empresas públicas del Principado. En el punto de mira está la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (Serpa), dirigida por el conocido socialista gijonés Francisco Villaverde, una persona muy afín al presidente del Ejecutivo regional, Vicente Álvarez Areces.

Según el Conceyu por Otra Función Pública en Asturias, integrado por funcionarios del Principado, desde 1999 hasta la actualidad «se han creado en la región una veintena de empresas públicas que contratan a través de sistemas privados y que, en la práctica, suponen una externalización de los servicios con empleo precario y que no resulta más barato para la Administración». A este respecto, los portavoces del colectivo llaman la atención sobre la amplitud del campo de actuación de empresas públicas como Serpa, que, según indican, «parece que podría estar realizando numerosas contrataciones para hacer frente a los recortes de empleo público de la Administración».

Juan Gavira, de CSIF, también se suma a las voces que denuncian un incremento de las privatizaciones en la Administración autonómica y el exceso de empresas públicas, algo que, a su juicio, «no sólo no provoca un ahorro de dinero público, sino que conlleva un incremento de los gastos». El dirigente sindical apunta que «hay que tener en cuenta que las empresas se mueven con un legítimo ánimo de lucro y que su objetivo es ganar dinero».

Sobre las consecuencias de las privatizaciones, Gavira asegura que «en el organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) se ha dado el caso de que técnicos de intervención y monitores ocupacionales vieron cómo el servicio se privatizaba y que ellos pasaban de golpe a formar parte de la plantilla de una empresa ajena al Principado, y con sólo el 65 por ciento del sueldo que estaban cobrando al mes». A su entender, «con este tipo de actuaciones, el Gobierno regional no quiere ahorrarse gastos, porque resulta imposible, sino tener menos dolores de cabeza a costa de rebajar la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos».