Los municipios recaudarán el triple por multas de tráfico

El nuevo procedimiento sancionador de Tráfico entra en vigor el próximo día 25 con la idea de agilizar los trámites e incrementar la recaudación. Según la DGT, el nuevo procedimiento permitirá a los ayuntamientos recaudar el triple que ahora, puesto que bastará una sola notificación de la multa y podrá reclamarse el importe por vía ejecutiva en el plazo de dos meses. Los conductores y expertos en seguridad vial critican el excesivo afán recaudatorio de la norma, a la vez que resaltan que siguen faltando medios y recursos para aplicarla.

Ni qué decir tiene que los ayuntamientos están contentos. «Todo lo que sea garantizar el procedimiento de cobro debe ser bienvenido», indicó la concejala de Seguridad de Oviedo, Concepción García. Aunque Oviedo está por encima de la media en cuanto a efectividad de cobro -el conjunto de los ayuntamientos sólo consiguen hacer efectivas una de cada cuatro multas, frente al 85 por ciento de las multas de la Guardia Civil-, la concejala indicó que debe reducirse el número de conductores que se «escaquean».

Pero no todo son parabienes. Para Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados, «lo que se ha hecho es incrementar el importe de las multas, adaptar la ley a prácticas administrativas hasta ahora ilegales, menoscabar las garantías jurídicas y provocar una incertidumbre innecesaria».

Y puso ejemplos. «A un conductor que circule a 166 kilómetros por la autopista hoy se le sancionaría con 200 euros. Aplicando la reducción del 30 por ciento, le quedaría en 140. Con la nueva ley, pueden imponérsele hasta 390 euros. La reducción por pronto pago aumenta al 50 por ciento, pero, aun así, el conductor tendría que pagar 195 euros», indicó.

Arnaldo señala además que se amplía el plazo de prescripción de uno a cuatro años, «con lo cual no sólo no se abrevia el procedimiento, sino que se fomenta la falta de diligencia en la tramitación». El que quiera ejercer su derecho a la defensa «irá siempre vencido y con mínimas posibilidades». Hay además aspectos contradictorios, ya que la norma habla de dos plazos para presentar alegaciones, de 20 y 15 días.

Raimundo García Cuesta, de Accidentología Vial, opina que en la nueva norma «prima la necesidad imperiosa de cobrar, la cantidad frente a la calidad, y hay una revisión al alza de las multas». Sin embargo, García se mostró escéptico respecto al impacto de la norma. «Carecen de recursos y medios para aplicarla». Y lo grave es que «no contribuye en absoluto a la reducción de la siniestralidad, que sólo ha bajado por la caída de los desplazamientos, ligada claramente a la crisis».