Los «peajes en la sombra» para hacer nuevas carreteras cuestan 787 millones al Principado

Aplazar mediante concesiones de peaje en la sombra el pago de los 401 millones previstos para la construcción de la autovía Avilés-Llanera (AS-III) y de los accesos a la zona de actividades logísticas e industriales de Asturias (ZALIA) supondrá al Principado un gasto de, al menos, 787 millones de euros por encima de ese presupuesto global para ambas actuaciones. No obstante, en tal cantidad se incluye el mantenimiento de las vías en los treinta y cinco años de duración de unas concesiones que ya prepara la Administración autonómica y para las que asegura disponer de varias empresas interesadas.

Según los estudios económico-financieros previos a la adjudicación de ambas obras, que se efectuará bajo un sistema similar al del plan extraordinario público/privado que impulsa ahora el Ministerio de Fomento, el Gobierno regional abonará a las firmas concesionarias un mínimo de 1.188 millones de euros, repartidos en 35 anualidades que empezarán a contar a partir de 2013, cuando se inauguren las vías. Las cifras económicas, de acuerdo al sistema de peaje en la sombra, podrán variar en función de la carga de tráfico y, también, de la evolución anual del índice de precios al consumo (IPC) hasta 2048, fecha final de los contratos de concesión que plantea el Ejecutivo del Principado.

La dura crisis en el sector de las autopistas y el hecho de que los ingresos de la concesionaria de la autovía Oviedo-Gijón (AS-II) estén bastante por debajo de lo esperado por la concesionaria Viastur, participada por Sacyr y Sánchez y Lago, explica el importante gasto aplazado al que tendrá que hacer el Principado para asegurar que haya empresas interesadas en financiar los accesos a la ZALIA y en la autovía de Avilés a Llanera.

Como principal novedad, y siguiendo el modelo estatal, el Ejecutivo ha introducido un canon de servicio que garantiza a las compañías la viabilidad financiera de la operación, de acuerdo con las medidas especiales anunciadas tanto por el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, como por su consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, al objeto de compatibilizar el interés de las compañías con la necesidad de mantener la inversión en obra pública durante un ejercicio en el que el presupuesto específico del área de Buendía ha experimentado un importante recorte. En el caso de la zona logística, el coste de la obra se ha calculado en 157 millones de euros, con un canon fijo anual para la concesionaria de 11,2 millones y otro variable, en función de los vehículos, que parte de 557.113 euros para la primera anualidad. Con estas cifras, y con un plazo de 35 años, la empresa adjudicataria tendrá unos ingresos totales de 411,4 millones.

Por lo que concierne a la «autovía del acero» o AS-III, el coste de la construcción del trayecto que se pretende financiar mediante peaje en la sombra asciende a 244 millones de euros. Pues bien, el pliego de condiciones que presentará el Gobierno regional a las firmas interesadas incluye un canon fijo de 10,8 millones al año y otro, en función del número de vehículos, que, según los estudios técnicos, supondrá ingresos por otros 11,4 millones de euros. Descontados los gastos de ejecución de la obra, impuestos y mantenimiento, el equipo redactor del estudio financiero para el Gobierno regional calcula que el beneficio acumulado por la concesionaria sería ligeramente superior a los 330 millones de euros.

El Gobierno regional ha dado luz verde al trazado definitivo de la AS-III, tras haber mantenido una dura pugna vecinal y política en el concejo de Corvera. La solución final ha atendido en la mayor medida posible las cuestiones que se plantearon en las alegaciones presentadas al trazado propuesto en el entorno de Solís, alejando el trazado del entorno protegido del Palacio de Solís. Además, el proyecto recogió un cambio en la ubicación del enlace previsto entre la AS-III y la Autovía del Cantábrico (A-8), que pasó a ubicarse en la zona de Villalegre, y por tanto, se alejó del núcleo rural de Molleda. El Ejecutivo autonómica espera licitar en breve la concesión tanto de la AS-III como de los accesos a la ZALIA, dado que no supondrá un gasto inmediato. La primera anualidad se retrasa a 2013.

Oviedo, J. A. O.

La evidente crisis del modelo ha obligado al Gobierno regional a modificar las condiciones del peaje en la sombra de la AS-II, la autovía de Oviedo a Gijón, en los criterios de financiación diferida del acceso a la ZALIA y en la AS-III. Con el fin de atraer a las empresas concesionarias, y acuciada por un importante recorte en el presupuesto ordinario del ejercicio, la Consejería de Infraestructuras del Principado incluirá en el pliego de condiciones un canon fijo que garantice a las compañías la viabilidad financiera de la concesión.

Viastur, la concesionaria de la AS-II, ha reclamado al Gobierno regional en varias ocasiones un modelo similar, toda vez que el negocio en la autovía de Oviedo a Gijón no está respondiendo a las previsiones. La firma, participada por Sacyr, una de las constructoras que ejecutan las obras del nuevo hospital y que mantiene graves diferencias con el Principado a causa de los sobrecostes de obra, cobra en función del número de vehículos que transitan por la vía. Pese a que, según lo avanzado por la Dirección General de Carreteras, el tráfico medio diario ha crecido en los últimos tres meses, hasta colocarse en 23.060 desplazamientos por jornada, lo cierto es que sigue casi un treinta por ciento por debajo de lo previsto en la adjudicación. Entonces, se fijó una intensidad media de 29.860 vehículos diarios.

Pese a los requerimientos de la empresa, el Gobierno autonómico, al menos hasta la fecha, se ha venido negando a modificar las condiciones o a aplicar un sistema como el que se plantea ahora para financiar, a 35 años, el coste de la ya denominada «autopista del acero» y de los tres accesos a la Zalia.

En contestación a las reclamaciones de la concesionaria, el propio titular de Infraestructuras, Francisco González Buendía, explicó en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA: «Cuando se produjo la licitación, la empresa fue un quince por ciento por encima de las previsiones de tráfico incluidas en el pliego de condiciones y ofreció el canon que consideró oportuno». A partir de ahí, y tras hacer votos por que los problemas se arreglen, González Buendía subrayó que se trata de «un problema contractual y de previsión de la empresa ajeno al Gobierno». Según precisó, «hablamos de concesiones a treinta años y, por tanto, las circunstancias pueden cambiar, por ejemplo, cuando se inaugure un nuevo acceso».

Problemas de financiación, como los que se quieren eliminar con el canon fijo por servicio, ya han paralizado más de una obra en varios puntos de España. En Galicia, la empresa Ferrovial devolvió a la Xunta el tramo de la autovía de la Costa de la Muerte Carballo-Berdoias (La Coruña), que requería una inversión de 195 millones de euros, mientras que en Madrid se rescindió el contrato de la autopista M-203, un tramo de peaje en avanzada fase de construcción entre Alcalá de Henares y Mejorada del Campo, con una inversión que ascendía a 70 millones de euros.

La autopista Alto de las Pedrizas-Málaga, en Andalucía, completa el trío de renuncias. Se trata de una actuación que quedó paralizada porque los bancos no garantizaban la inversión necesaria, de unos 400 millones de euros. El problema radica, pues, en la financiación; de ahí que tanto Fomento como el Principado estén acudiendo ahora a fórmulas de pago diferidas con intervención de la iniciativa privada.