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análisis

«Calderilla» en dependencia

Eliminar la retroactividad de los pagos supone un ahorro de 7 millones, frente una inversión superior a 200 millones para el desarrollo de una ley muy costosa y sin respaldo estatal

 08:17  
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ELENA FERNÁNDEZ-PELLO La ley de Dependencia, una de las bazas electorales y los grandes logros sociales exhibidos por los socialistas, es una de las damnificadas de los ajustes económicos de Zapatero. La ley, cuyo desarrollo requiere una inversión de tal envergadura que ha disuadido a economías europeas más boyantes, consumirá 217 millones de los Presupuestos del Principado de este año, más otros 42 del Estado. El año pasado, sumando ambas aportaciones, Asturias invirtió 210 millones en su aplicación y en 2008 fueron 20,5 millones.

El ahorro que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se propone obtener con la supresión del pago retroactivo de las prestaciones económicas a los cuidadores de las personas dependientes no es comparable al ingente capital que requiere el desarrollo de la ley y resulta insignificante frente a las cantidades ya invertidas.

A la espera de que el Gobierno concrete la reforma de la ley de Dependencia y para hacernos una idea de lo que puede suponer en términos económicos podemos echar «las cuentas de la vieja». En Asturias hay 4.448 personas esperando a que se les asigne una prestación económica o un servicio residencial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. De seguir la tendencia actual, la mitad -exactamente el 49,1 por ciento- optará por una prestación económica, unas 2.240 personas. El Estado aporta entre 70 y 266 euros al mes, según el grado y nivel de dependencia y el tiempo medio de espera es de doce meses. Así que el ahorro del recorte de la retroactividad, en el mejor de los casos y siendo tremendamente optimistas, no superaría los siete millones de euros. Tirando por lo bajo, ni siquiera tres.

El cálculo se puede hacer también a partir de la promesa de la consejera de Bienestar Social, que en diciembre del año pasado, cuando presentó el presupuesto, se comprometió a incorporar al Sistema de Dependencia a seis mil asturianos en 2010. El resultado resultará similar al anterior, teniendo en cuenta que ya han transcurrido varios meses de este año.

Hay muchas otras variantes a tener en cuenta. No se sabe, por ejemplo, cuántas de las 6.486 solicitudes pendientes de valoración prosperarán, cuántas acabarán en una prestación económica ni a partir de cuándo dejará de cobrarse la retroactividad.

No se pagarán los atrasos, pero el Gobierno central obliga a las comunidades autónomas a acelerar la resolución de expedientes, que no podrá demorarse más de seis meses, y, eso requerirá más personal, que pagarán la Administración regional. Si, además, los ciudadanos, sin el aliciente del cobro retroactivo, prefieren los servicios residenciales habrá que habilitar nuevas plazas, ya sea en centros públicos o concertando con el sector privado, y eso también corre a cuenta, en su mayor parte, de las comunidades. Lo que se ahorra por un lado habrá que gastarlo más adelante por otro, o más. La diferencia será que ese gasto repercutirá sobre las comunidades, no sobre el Estado.

No es que la ley de Dependencia no sea necesaria, una cuestión de justicia social, es que España no puede permitírsela. No ha sido una apuesta clara de los socialistas, más allá de la rentabilidad electoral que han sacado de ella. Autonomías y Estado debían financiar su desarrollo a partes iguales, al margen de una pequeña contribución de los usuarios, en torno al 15 por ciento. Sin embargo, la Administración central sólo ha contribuido con un 20 por ciento. En Asturias, una comunidad gobernada por el PSOE, el partido que promulgó la ley, es IU quien se está partiendo el brazo por sacarla adelante.

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