Oviedo, L. Á. VEGA

La magistrada María Luisa Segoviano Astaburuaga fue elegida en 2006 como miembro de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La ex presidenta de la Sala de lo Social de Tribunal Superior de Castilla y León está considerada una eminencia en cuestiones que afectan al régimen laboral. La magistrada participó ayer en las jornadas sobre la «Ley Integral de Siniestralidad Laboral» que concluyen hoy en la Consejería de Economía, y en las que disertó sobre el tratamiento de los trabajadores extranjeros ilegales. La magistrada defendió la independencia de los jueces del Supremo, cuyo sistema de elección ha sido puesto en cuestión últimamente, a raíz del «caso Garzón». La juez indicó, respecto a este último magistrado, que «hay que aplicar la ley a todos por igual».

-Usted ha dejado claro que la legislación para los trabajadores extranjeros en situación irregular es contradictoria. ¿Urge recomponer el puzle?

-Habría que clarificar los derechos del trabajador extranjero en situación irregular, fundamentalmente en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, porque hasta ahora la protección que se les da es por la construcción jurisprudencial. Sería conveniente que la ley fuese más concreta de lo que es. La reciente reforma de 2009 era una ocasión para que el legislador nos hubiera aclarado la cuestión, pero no lo ha hecho. Sigue aludiendo a prestaciones sin aclarar cuáles son éstas y tienen que ser los tribunales los que las vayan determinando.

-Un trabajo que quizá no les corresponde.

-Siempre es mejor que esté regulado, que no haya normas a veces abstractas o que cuando concretan las prestaciones no sean normas de rango superior, sino más bien reglamentarias.

-¿Sigue habiendo una zona de sombra que permite a empresarios sin escrúpulos explotar a los trabajadores irregulares?

-Cuando alguien tiene necesidad de trabajar puede que acepte condiciones que no son las que corresponden según la legislación vigente. Yo creo que hoy en día está bastante controlado, hay una labor importante de la Inspección de Trabajo, pero siempre puede haber algún caso.

-¿Hay en esta época de crisis un aumento de las infracciones en materia laboral?

-Si hay una coyuntura de crisis, no hay denuncias de situaciones irregulares. La labor de vigilancia es mucho más complicada, porque el trabajador que está en situación no regular no va a denunciar que a él le pagan menos de lo que le corresponde o que le exigen más horas. No quiere en absoluto que se descubra su situación. Eso es un riesgo.

-Imagino que no sólo para los trabajadores irregulares...

-Entre los trabajadores en general, hoy en día, está más generalizada la conciencia de que hay que reclamar los derechos que a cada uno le corresponden.

-En una entrevista en 2008 vaticinó un aluvión de asuntos labores. ¿Se cumplió su pronóstico?

-Realmente las regulaciones de empleo han originado una enorme litigiosidad, muchísima conflictividad y además situaciones que hasta ahora no se habían planteado, porque cada vez es más sofisticada la forma en que se extinguen los contratos. Las extinciones se han incrementado de forma exponencial.

-Y parece que va a peor.

-Pero a los tribunales tarda en llegar un poco. Desde que se produce la mala situación económica y los despidos hasta que se presenta la demanda, se resuelve el asunto y llega al Tribunal Supremo, pasa un tiempo, de forma que los efectos de la crisis los vemos en esta instancia un poco diferidos. Todavía no sabemos si ha aumentado o no, por el momento se mantiene el número de reclamaciones, no ha habido un incremento significativo.

-¿Por qué una ley Integral Sobre Siniestralidad?

-Tanto al empresario como al trabajador le perjudica el que, tras un accidente de trabajo, intervengan la jurisdicción civil, la contencioso-administrativa y la laboral. Está también la penal, que queda al margen, pero las otras tres originan un auténtico peregrinaje judicial. El trabajador se ve obligado a reclamar en diferentes órdenes jurisdiccionales y el empresario a ir a diferentes juicios. Unos van más rápidos, otros más lentos. Puede haber resoluciones contradictorias y esto, aparte de que origina un desgaste psicológico y económico, es contrario a la economía procesal.

-¿Se incumplen más las leyes relativas a la seguridad en el trabajo con la crisis?

-Yo creo que hay bastante conciencia de cumplimiento y respeto a las medidas de seguridad en el trabajo. Ha habido unos años en los que la bonanza económica permitía que se fuera muy exigente con las medidas de seguridad, y el incumplimiento acarreaba consecuencias muy perjudiciales económicamente para los empresarios. Ya hay una conciencia de que deben respetarse estas normas.

-No quisiera dejar de preguntarle sobre el Tribunal Supremo. A raíz del «caso Garzón» se ha puesto en duda la independencia de sus magistrados, e incluso se ha criticado la forma en que se eligen. Imagino que reivindicarán su independencia.

-Por supuesto que reivindico nuestra independencia. Los poderes del Estado siempre se cuestionan, y cuando hay conflictos se buscan causas para explicar por qué se ha producido una determinada decisión. Unas apuntan a un lado, y otras a otro. Quizá podría haber otro sistema de elección, no digo que no, pero el actual lleva muchísimos años y tiene cierta tradición. Quizás el momento que vivimos es de una gran crispación y eso también se refleja en las opiniones que se tiene de los jueces y magistrados.

-En estos últimos meses estamos viendo una serie de ataques contra el Tribunal Constitucional por la sentencia del Estatuto. ¿Son aceptables?

-Son cuestiones difíciles, porque se entiende que quienes están esperando una resolución quieran que se dicte pronto. Por otro lado, también hay que entender que, en un tema tan complejo, el Constitucional se tenga que tomar su tiempo. Aquí hay dos intereses contrapuestos y cada uno de los involucrados defiende y justifica su posición.

-¿A favor o en contra de Baltasar Garzón?

-Yo no estoy a favor ni en contra de nadie. Pienso que hay que aplicar la ley y aplicarla a todos por igual, Esa es la grandeza del Estado de derecho, ¿no?

«Habría que clarificar los derechos del trabajador extranjero en situación irregular, fundamentalmente en materia de accidentes y enfermedades profesionales»

«Si hay una coyuntura de crisis no hay denuncias de situaciones irregulares. La labor de vigilancia es mucho más complicada»

«Cada vez es más sofisticada la forma en que se extinguen los contratos»