Quirós,

Roberto F. OSORIO

En estos tiempos de crisis un grupo de diputados alemanes ha propuesto que Grecia venda alguna de sus más de 6.000 islas para reflotar su economía y pagar así a sus acreedores. La situación recuerda, salvando las distancias, a la del concejo de Quirós. Este municipio tiene la espada de Damocles sobre su economía, una deuda que asciende a tres millones de euros y que lleva más de un cuarto de siglo arrastrando. La empresa minera acreedora, que tiene un fallo judicial a su favor, ha exigido al Ayuntamiento quirosano la venta de los bienes municipales para zanjar el asunto. Montes de utilidad pública, inmuebles como el del Consistorio, el cuartel de la Guardia Civil o las antiguas escuelas rurales... son algunos de los elementos que forman parte del patrimonio apetecido por los acreedores para satisfacer la deuda.

El pasado mes de febrero se cumplieron veintiséis años de unos hechos que removieron las bases de la política y la sociedad quirosana en aquellos tiempos. El Tribunal Supremo condenó en 1995 al Ayuntamiento de Quirós a indemnizar a una explotación minera por un importe equivalente a un millón de euros (más los intereses legales desde 1987, que hoy triplicarían la cantidad, elevando la deuda a tres millones de euros) por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la «paralización de facto de las labores de una extracción minera que se venían realizando con todas las autorizaciones administrativas exigibles, y posteriormente con el acuerdo del Pleno, suspendiendo la licencia de obras concedida». El titular de la empresa, Valentín Antuña, pretendía que se le pagara con bienes municipales y con las subvenciones que recibía el Ayuntamiento de Quirós del Principado. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias llegó a pedir una relación de bienes al Ayuntamiento. Sin embargo, esta pretensión empresarial no podía cumplirse, pues los bienes públicos son inembargables y las subvenciones son de carácter finalista: se cobran si se realiza la obra o trabajo a las que van destinadas.

Este desencuentro comenzó un día de San Valentín, el 14 de febrero de 1984, cuando unos vecinos del concejo paralizaron la actividad de las minas a cielo abierto, en el Felpir, en las cercanías del pueblo de Murias, molestos por la «prepotencia» de la empresa Compañía Explotadora de Minas de Quirós, a la que acusaban de no respetar caminos, fincas y montes públicos. Los vecinos recurrieron a esta medida extrema hartos de formular reiteradas quejas que caían en saco roto. La tensión entre ambas partes terminó con los vecinos agraviados interfiriendo en las labores extractivas de la mina. El entonces alcalde de Quirós, Juan Mallada (IU), se personó en la zona acompañado de la Guardia Civil e instó a los obreros a abandonar la zona para evitar la confrontación con los vecinos. Los trabajos no se reanudaron hasta noviembre de 1984. Sin embargo, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, acordó diez días más tarde de que se retomase la actividad extractiva, la retirada de la licencia a la empresa minera por el incumplimiento empresarial de las condiciones exigidas para el movimiento de tierras.

Éstos fueron los hechos que dieron lugar a que la empresa explotadora iniciase un largo litigio contra el Ayuntamiento de Quirós por haber paralizado la actividad. La empresa solicitó una indemnización por daños y perjuicios por lo que consideraba una paralización ilegal de las labores mineras. Valentín Antuña presentó primero un recurso contra la decisión adoptada por el Pleno municipal. La Audiencia Provincial lo admitió, declarando nulo el acuerdo plenario, basándose en informes favorables a la empresa redactados por técnicos de la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía. Según los citados informes, la empresa cumplía con las condiciones que había impuesto el Ayuntamiento de Quirós. Sin embargo, los vecinos se quejaban de que no era así, de que la compañía minera arrasaba caminos, fuentes y montes públicos de Quirós.

A partir de aquí, las sucesivas sentencias y recursos de las partes se prolongan hasta la actualidad. Las cantidades que debía sufragar el Ayuntamiento de Quirós a la acreedora fueron variando con el tiempo hasta alcanzar los más de tres millones de euros actuales que debe afrontar en soledad el Ayuntamiento de Quirós, porque los tribunales han dejado sin responsabilidad al Gobierno central y al Ejecutivo autonómico.

El presupuesto del Ayuntamiento de Quirós para este año 2010 es de poco mas de cinco millones de euros. Sin embargo, los ingresos por tasas e impuestos son poco más del 7 por ciento de esta cantidad. Con estos números, está claro que Quirós nunca podrá pagar a la empresa minera, una compañía sin actividad desde hace muchos años y cuyos administradores, Valentín Antuña y su mujer, han fallecido.

Sin embargo, los últimos capítulos de este culebrón colean hasta el presente. El abogado de la empresa impugnó el Presupuesto municipal del año 2008 y al año siguiente propuso al Ayuntamiento de Quirós que solicitara un «crédito blando» al Gobierno central. Por su parte, el Ayuntamiento de Quirós rechazó dicha propuesta e instó al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a que estudiara el poder de representación que ejercía dicho letrado. El poder es personal y el empresario ya estaba fallecido. El TSJA terminó por reconocer la imposibilidad de ejercer dicha representación.

Ésta es la historia interminable que surgió por un acto quizás imprudente de un alcalde y por las quejas vecinales ante las malas prácticas de una empresa. Veintiséis años de desencuentros, pleitos y recursos que permanecen en la historia municipal de Quirós.