14 de febrero de 1984
El alcalde quirosano, Juan Mallada, paraliza las actividades mineras en el Felpir (Murias). Acompañado de la Guardia Civil y de vecinos, interrumpe los trabajos.
19 de noviembre de 1984
La empresa reanuda los trabajos de extracción.
29 de noviembre de 1984
El Pleno municipal acuerda por unanimidad suspender la licencia para la actividad de la empresa. A partir de aquí la entidad mercantil inicia un proceso judicial contra el Ayuntamiento de Quirós por paralizar la actividad.
1991
La Audiencia provincial da la razón a la empresa y declara nulo el acuerdo plenario. El Ayuntamiento de Quirós presenta un recurso que termina en el Tribunal Supremo.
1995
El Tribunal Supremo dicta una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Quirós a indemnizar a la empresa minera con un millón de euros, más los intereses legales desde 1987, que hoy triplicarían la cantidad, elevando la deuda a tres millones de euros.
2002
El titular de la empresa, Valentín Antuña, solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia; sin embargo, en 2006 la empresa pide el levantamiento de dicha suspensión.
2008
Con los administradores de la empresa fallecidos, el abogado de la compañía impugna el presupuesto municipal. Un años después pide al Ayuntamiento de Quirós que solicite un «crédito fácil» para poder sufragar la deuda contraída.
